Buscaban a un hombre, ingresaron a una vivienda y dispararon contra toda la familia

Un violento ataque armado que ocurrió en una vivienda del corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de Aracataca, en el departamento de Magdalena, dejó un saldo de dos adultos muertos y una mujer herida.

Los hechos se presentaron en la mañana del jueves 2 de julio de 2026, cuando dos agresores ingresaron en el domicilio para atentar contra la vida de un hombre; sin embargo, dispararon contra todos los presentes en el lugar.

Según testigos, la familia se encontraba atendiendo un pequeño negocio de venta de aceites y repuestos para motocicletas cuando fue sorprendida por los agresores que abrieron fuego de manera indiscriminada a diestra y siniestra.

El reporte suministrado por las autoridades indicó que los disparos fueron tan continuos que nadie en el sector, pese al ruido de impactos, pudo intervenir. Vecinos relataron que, tras el ataque, solo quedaron los gritos de auxilio de familiares y habitantes del corregimiento.

En el lugar murieron Edwin José Gregorio Hurtado Higuera, conocido como “El Chino”, mecánico y llantero de la zona, y su esposa Elizabeth Ahumada Martínez, de 42 años, trabajadora de Interaseo. La tercera víctima del tiroteo, Yeimy María García Ahumada, hija de Elizabeth, resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Un bebé de 17 meses de nacido, al parecer hijo de la joven herida, se salvó del homicidio, porque justo ese día se encontraba en una guardería.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible retaliación relacionada con disputas entre grupos armados ilegales que mantienen presencia en la región, aunque las autoridades aclararon que aún no existen pruebas suficientes para atribuir el ataque a una organización específica.

El crimen ocurrió en un contexto de escalada de violencia en el Magdalena, donde, según datos oficiales, se han registrado 261 homicidios en los primeros seis meses de 2026.

Unidades de Inteligencia e Investigación Criminal del Departamento de Policía Magdalena, junto con personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección técnica de la escena, recogieron evidencias y avanzan en las investigaciones para determinar los móviles del triple homicidio e identificar a los responsables.

Aracataca y su crisis humanitaria por enfrentamientos armados

Durante el primer semestre de 2026, desde la Defensoría del Pueblo se manifestó preocupación por la situación humanitaria que enfrentan comunidades rurales del municipio de Aracataca, departamento de Magdalena, por sostenidos combates entre los autodenominados Conquistadoras de la Sierra (Acsn) y el Clan del Golfo (EGC).

La presencia de actores armados y la posible existencia de artefactos explosivos mantienen a las poblaciones en riesgo.

Según información presentada en el Comité de Justicia Transicional, al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, se han visto forzadas a desplazarse hacia el casco urbano de Aracataca.

Entre los afectados se encuentran 63 niños, niñas y adolescentes. La Defensoría reporta que otras familias han huido a municipios vecinos, mientras quienes permanecen en la zona rural enfrentan severas restricciones de movilidad y prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como la retención de teléfonos, alimentos y medios de transporte, incluidas motocicletas.

Desde la institución se recordó que la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 ya advertía el alto riesgo para la población civil en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas aledañas, debido a la disputa territorial entre los grupos armados ilegales. La escalada del conflicto ha intensificado la vulnerabilidad de las comunidades y ha profundizado las afectaciones humanitarias en la región.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata e integral las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana y su plan de acción, para prevenir nuevas vulneraciones de derechos y garantizar la protección de la población civil.