Entidades estatales conmemoran los 35 años de la Constitución de 1991 y llaman a fortalecer la democracia

Los principales organismos estatales de Colombia realizaron actos conmemorativos el 4 de julio para resaltar los 35 años de la Constitución Política de 1991 y reiteraron la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones y el respeto a la diversidad como base de la democracia.

Las ceremonias y comunicados oficiales destacaron el papel histórico de la Carta Magna en la ampliación de derechos, la consolidación del Estado Social de Derecho y la protección de las garantías fundamentales.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, subrayó que la Constitución de 1991 representa un acuerdo democrático que ha permitido ampliar derechos, reconocer la diversidad y ofrecer herramientas para transformar los conflictos y las desigualdades históricas del país.

Marín afirmó que el texto constitucional se mantiene como un “marco común que protege a todas las personas sin distinción y orienta la actuación de las autoridades públicas”. En su mensaje, la funcionaria convocó a los colombianos a cuidar el pacto constitucional y a rechazar toda forma de violencia y estigmatización: “La diferencia debe ser vista como riqueza, no como un riesgo”.

“La Constitución ha sido la base para fortalecer la democracia, proteger la dignidad humana, garantizar las libertades, reconocer a los pueblos étnicos, avanzar en la igualdad de las mujeres y también de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, proteger a las niñas, a los niños, a los adolescentes, ampliar la participación ciudadana y abrir paso a la protección de la naturaleza y de los territorios”, dijo Marín.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, bajo la conducción de Gregorio Eljach Pacheco, emitió un mensaje en el que exaltó la relevancia de la Carta Política. Según el comunicado oficial, la Constitución “consagra los derechos, garantiza la democracia, promueve la participación y fortalece el Estado Social de Derecho”.

Eljach Pacheco enfatizó que, durante estos 35 años, la norma suprema ha sido pilar para el pluralismo, la igualdad, la justicia social, la paz, la separación de poderes, la diversidad étnica y cultural, el ordenamiento territorial y la protección del medioambiente.

La Corte Constitucional organizó el evento “Un pacto vivo que nos une” en Bogotá, un espacio de diálogo que reunió a juristas, magistrados, académicos e investigadores nacionales e internacionales para debatir los desafíos actuales del constitucionalismo y el fortalecimiento democrático.

La promulgación de la Constitución de 1991 fue el resultado de un proceso de apertura democrática iniciado en la década de 1980. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) impulsó negociaciones con diversos grupos armados, reconociendo la necesidad de reformas políticas y sociales para enfrentar las causas del conflicto interno.

Este proceso culminó con la elección, el 9 de diciembre de 1990, de los 70 constituyentes encargados de redactar la nueva carta política, considerada un hito por su enfoque en los derechos fundamentales y el reconocimiento de la diversidad.

Las entidades estatales recordaron que el texto constitucional ha sido objeto de más de 35 reformas en estas tres décadas. A pesar de los cambios, la base conceptual de la Constitución sigue orientando la vida institucional y social del país. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, refirió en una revisión reciente que la estabilidad normativa ha sido un desafío, pero la Constitución de 1991 continúa siendo un referente para la defensa de los derechos y la democracia.

El aniversario de la Constitución de 1991 sirvió para que las entidades estatales reiteraran su llamado a la ciudadanía para fortalecer los consensos, rechazar la violencia y defender la convivencia democrática.

“La Constitución debe sentirse en la vida cotidiana de las personas, en el acceso a la salud, la educación, la justicia, en la protección de líderes y lideresas sociales, en las garantías para la protesta social y para la libertad de prensa, en la defensa de la naturaleza, en las posibilidades de vivir sin miedo y con dignidad”, concluyó la Defensoría del Pueblo.