
La Gobernación de Antioquia ordenó el embargo de cuentas bancarias de 280.000 personas con obligaciones pendientes por concepto del impuesto vehicular. La medida hace parte de un proceso de cobro coactivo adelantado por la administración departamental, pero ha generado reclamos de ciudadanos que aseguran no ser propietarios de los automotores por los que aparecen las deudas.
Algunos de los afectados sostienen que descubrieron la medida cuando intentaron utilizar sus cuentas o recibieron consignaciones que fueron retenidas. También afirman que no fueron informados previamente y que los cobros corresponden a vehículos vendidos y traspasados legalmente hace varios años.
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La información publicada por Blu Radio señala que la Gobernación pidió revisar cada caso de manera individual. La administración explicó que la obligación tributaria permanece vinculada a la persona que figure como propietaria en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, incluso cuando ya no tenga físicamente el vehículo.

Gobernación explica responsabilidad del propietario registrado
Martín Jaramillo, subsecretario de Tesorería y Cobro Coactivo de la Gobernación de Antioquia, indicó que la forma de dejar de causar el impuesto es realizar el trámite correspondiente ante las secretarías de tránsito y actualizar la información registrada.
“Si el carro aparece a nombre de una persona, por más que no lo posea, no lo tenga, se lo hayan robado, debe pagar los impuestos”, sostuvo el funcionario. Agregó que, para efectuar el traspaso o cancelar el registro, el propietario debe encontrarse al día en las obligaciones tributarias y no tener embargos pendientes.
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Jaramillo reconoció que pueden existir inconsistencias dentro de la base de datos. Según explicó, el RUNT tiene una tasa de error inferior al 1 %, pero incluso ese porcentaje representa casos de ciudadanos que pueden contar con argumentos válidos para solicitar la corrección de la información o el levantamiento de la medida.
El funcionario señaló que la Gobernación está atendiendo esas reclamaciones tanto de manera presencial como por medios electrónicos. Aseguró que los casos son revisados dentro de los términos legales y que varias solicitudes pueden resolverse el mismo día cuando los ciudadanos presentan los documentos necesarios.
La administración departamental insiste en que el cobro se realiza con base en la información oficial disponible. Sin embargo, las denuncias conocidas muestran que algunas actualizaciones sobre cambios de propietario podrían no haberse reflejado oportunamente en los sistemas consultados durante el proceso de cobro.
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Ciudadano asegura que le cobraron cinco vehículos
Uno de los casos denunciados es el de Felipe Múnera, quien afirmó que descubrió el embargo después de recibir una consignación en su cuenta bancaria. Al observar que el dinero era retirado de manera inmediata, acudió a una oficina del banco y allí le informaron que existía una medida cautelar ordenada por la Gobernación.
Múnera relató que, al dirigirse a las instalaciones de la administración departamental, encontró una larga fila de personas que enfrentaban situaciones similares. Durante la revisión de su caso, un funcionario le informó que aparecían cobros correspondientes a cinco vehículos con impuestos atrasados.
El ciudadano aseguró que solo tenía un automóvil, que había cambiado tres meses antes, y presentó documentos para demostrar que el vehículo anterior ya figuraba a nombre de otra persona. También afirmó que los demás automotores habían sido vendidos y traspasados legalmente entre 10 y 15 años atrás.
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Según su testimonio, funcionarios de la Gobernación le explicaron que algunas entidades de tránsito no habrían actualizado de manera oportuna los cambios de propietario. Esa situación habría provocado inconsistencias entre los traspasos realizados y la información utilizada para generar las obligaciones tributarias.
Los reclamos obligan ahora a revisar si cada embargo corresponde realmente a una deuda vigente del titular de la cuenta. Mientras avanza el cobro coactivo, la Gobernación recomienda a los ciudadanos verificar su información en el RUNT y presentar los soportes de traspaso cuando consideren que la obligación no les corresponde.
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