
Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante vallenato, se declaró culpable de los cargos de secuestro y tortura formulados por la Fiscalía General de la Nación, que lo señaló como miembro de una banda delincuencial dedicada a la modalidad de cobradiarios, también conocidos como préstamos “gota a gota”, en una organización que opera bajo el nombre de Soluciones Mano a Mano.
Durante la audiencia que tiene lugar en la tarde del viernes 3 de julio, el acusado reconoció su culpabilidad, tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador. La jueza responsable de la audiencia le hizo saber que, una vez el juez de garantías dé el respectivo aval, le podría esperar una condena de hasta 70 meses de prisión.
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Por otra parte, la Fiscalía solicitó a la jueza que la pena sea cumplida bajo prisión domiciliaria, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con Díaz González y sus representantes legales.
Así fue la imputación de cargos

Según el alegato presentado por la Fiscalía, la retención del ciudadano se originó por la presunta pérdida de un valor entre 15 y 30 millones de pesos que pertenecían a la organización de cobradiarios. El fiscal delegado ante jueces del circuito Rodrigo Restrepo afirmó además que el episodio habría contado con la participación de al menos 16 trabajadores más.
Durante la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado jueves 2 de julio, la Fiscalía señaló que Carlos Alfredo Mejía Vargas, cobrador de Soluciones Mano a Mano, fue sacado por la fuerza de una vivienda del barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla, y luego trasladado a un inmueble del barrio La Granja, en Soledad, donde permaneció retenido durante varias horas. Según el ente acusador, varios de los implicados llegaron en cerca de 10 motocicletas, intimidaron con armas de fuego a los ocupantes de la casa y obligaron a la víctima a abordar uno de esos vehículos.
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En su relato, el fiscal Restrepo afirmó que mientras Mejía Vargas estaba privado de la libertad, integrantes de la organización se comunicaron con sus familiares para exigir inicialmente el pago de 15 millones de pesos como condición para liberarlo. Cuando la familia respondió que no contaba con esa suma, les exigieron transferir una vivienda de la hija de la familia mediante escritura pública a favor de una persona designada por la red.

Del mismo modo, se indicó que los responsables aseguraron que causarían daño a la víctima y a sus familiares si no accedían a las exigencias, conductas que habrían sido ejecutadas de forma voluntaria y coordinada para mantener a Mejía Vargas bajo cautiverio, mientras lo atacaban física y psicológicamente al presionar a su entorno cercano.
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Sobre el rol de Luis Mariano Díaz González, la Fiscalía aseguró que no solo ocupaba una posición de mando dentro de Soluciones Mano a Mano, sino que además habría sido una de las figuras centrales en las agresiones y en las exigencias económicas posteriores a la familia.
El fiscal afirmó que el hijo del Cacique de La Junta llegó al lugar donde la víctima estaba retenida para asumir personalmente el mando de la sesión de agresiones. En la imputación, el ente acusador aseguró que Díaz González tuvo “dominio funcional del hecho desde la dirección y además ejecución material parcial de la tortura”. También indicó que habría autorizado y respaldado las presiones económicas ejercidas durante el cautiverio.
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Junto con Díaz González fueron imputados Keiner David Rocha Gamero, Darío Andrés Tirado Bossio, José David Martínez Ibáñez, Alexis Rafael Jiménez Urina y Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, a los que el ente acusador les atribuyó los presuntos delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.
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