Nuevo revés para la Supersalud: juez suspendió la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia mientras decide de fondo una tutela

La controversia entre la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Superintendencia Nacional de Salud tuvo un nuevo giro el viernes 3 de julio de 2026, luego de que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí ordenara la suspensión temporal de la auditoría que el organismo venía practicando a la empresa licorera.

La determinación se produjo como medida provisional dentro de la acción de tutela presentada por la FLA, que cuestionó el alcance de las actuaciones de inspección adelantadas por la autoridad nacional.

Con esta decisión, las diligencias de la Superintendencia quedan en pausa hasta que el juez constitucional emita un pronunciamiento de fondo sobre la tutela. El despacho consideró que existían elementos suficientes para adoptar una medida preventiva con el propósito de evitar una eventual afectación de derechos fundamentales mientras avanza el estudio del caso.

Argumentos de la medida cautelar

De acuerdo con el auto judicial, la suspensión busca preservar la eficacia de la decisión que posteriormente se adopte sobre la acción constitucional. El juzgado concluyó que existía un “riesgo cierto e inminente de que se consolidara una posible afectación a derechos fundamentales” si la auditoría continuaba antes de resolverse el proceso.

Según explicó la Fábrica de Licores de Antioquia en un comunicado divulgado tras conocerse la decisión, el juez también valoró que parte de la información requerida durante la auditoría correspondía a documentación que la empresa considera protegida por reserva industrial, comercial y financiera.

La empresa sostuvo que fue precisamente esa circunstancia la que motivó la presentación de la tutela, al considerar que la solicitud de determinados documentos podía comprometer información estratégica de la compañía mientras no existiera una definición judicial sobre el alcance de las facultades de la Superintendencia.

En el mismo comunicado, la FLA indicó que el despacho encontró reunidos los requisitos legales para conceder la medida cautelar, aclarando que se trata de una actuación preventiva cuyo objetivo es evitar posibles perjuicios durante el trámite constitucional y no de una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia.

Desde la Gobernación de Antioquia también hubo una reacción inmediata, al manifestar que la determinación judicial coincide con la postura que había sostenido desde el inicio del conflicto respecto a las competencias ejercidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

Según el comunicado de la FLA, la administración departamental considera que la auditoría respondía a actuaciones que excedían las atribuciones legales de la Supersalud y que, por esa razón, acudió ante la justicia constitucional para solicitar la protección de sus derechos.

El origen del enfrentamiento

El conflicto comenzó a escalar cuando funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud se presentaron en las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia para desarrollar una auditoría relacionada con los recursos provenientes del monopolio rentístico de los licores, cuyos ingresos financian parcialmente el sistema de salud.

Durante esa diligencia, la empresa entregó parte de la información solicitada, pero se negó a suministrar otros documentos al considerar que no estaban relacionados con el objeto de la inspección. La administración de la FLA explicó que entre los requerimientos figuraban soportes financieros, información bancaria, conciliaciones jurídicas y otros registros administrativos que, en su criterio, excedían el ámbito de control sobre las rentas destinadas a la salud.

Además, sostuvo que algunas de las solicitudes hacían referencia a mecanismos administrativos que, según la empresa, ni siquiera existen dentro de la organización, razón por la cual decidió no entregar esa documentación.

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos, defendió públicamente la actuación de la empresa y aseguró que en ningún momento se pretendió ocultar información ni impedir las labores de vigilancia del Estado. Por el contrario, señaló que la compañía colaboró con la auditoría dentro del marco de las competencias legales del organismo de control y que la diferencia surgió exclusivamente frente a la documentación que consideró protegida por reserva o ajena al propósito de la inspección.

La negativa de la empresa a entregar la totalidad de los documentos marcó un nuevo punto de tensión entre ambas instituciones. El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, calificó lo sucedido como un bloqueo “extraordinario y nunca antes visto” frente a una actuación de inspección y vigilancia.

Posteriormente, la superintendencia anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta obstrucción a la justicia y comunicó que los hechos también serían puestos en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República para que evaluaran las actuaciones correspondientes.