Jefe negociador advierte que decisión del Consejo de Estado pone en riesgo avances del proceso de paz en Nariño y Putumayo

El jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Armando Novoa, advirtió que la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la resolución que dio origen a ese proceso de paz podría poner en riesgo los avances alcanzados en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde, según afirmó, ya se evidencian resultados concretos en materia de seguridad y desescalamiento del conflicto.

En declaraciones concedidas a Blu Radio, el negociador sostuvo que, aunque el Gobierno acatará la determinación judicial, considera que la medida llega cuando gran parte de los compromisos pactados entre las partes ya fueron implementados en los territorios, por lo que calificó la decisión como tardía.

“Los avances no se pueden deshacer”: Novoa

Novoa explicó que, desde su perspectiva, la suspensión provisional no tiene efectos sobre los acuerdos que ya fueron ejecutados, pues estos se materializaron mediante acciones concretas que beneficiaron a las comunidades.

“Es una decisión, en cierto sentido, inocua, porque llega de forma tardía, dado que los acuerdos y el desescalamiento del conflicto, que se ha sentido con mucha fuerza en los territorios de Nariño y Putumayo, no se pueden deshacer”, afirmó.

El funcionario agregó que resultaría imposible devolver el proceso al punto en el que se encontraba antes de la firma de esos acuerdos, ya que muchas de las medidas adoptadas ya producen efectos en el territorio.

Asimismo, indicó que la delegación del Gobierno aún analiza el contenido completo de la providencia y anunció que utilizará los mecanismos legales disponibles para controvertir la decisión ante las autoridades competentes.

Gobierno buscará impugnar la decisión

El jefe negociador señaló que la suspensión provisional podría afectar seriamente la continuidad del proceso de paz, aunque insistió en que el Ejecutivo acudirá a los recursos contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo para defender la legalidad de las actuaciones realizadas.

“La decisión del Consejo de Estado, que todavía no conozco en su integridad, puede poner en grave riesgo todos esos avances. Pero, sin duda, lo que nos corresponde hacer es acudir a los recursos e instrumentos de impugnación que contemple el Código de Procedimiento Administrativo para controvertir la decisión mediante los mecanismos que establece la ley”, manifestó.

No obstante, reiteró que la suspensión de la resolución expedida en 2024 no invalida los compromisos ya ejecutados, entre ellos la destrucción de explosivos, la puesta en marcha de la zona de ubicación temporal y la reincorporación de integrantes del grupo armado.

Destacan reducción de la violencia y sustitución de cultivos

Durante la entrevista, Novoa defendió los resultados obtenidos durante las negociaciones y aseguró que las comunidades de Nariño y Putumayo han sido las principales beneficiadas.

Entre los logros mencionó que, entre 2024 y 2025, las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado se redujeron cerca de un 50% en esos dos departamentos.

Además, destacó que como parte de los acuerdos alcanzados fueron destruidas 15 toneladas de material de guerra, considerado uno de los resultados más relevantes del proceso.

Otro de los avances, según explicó, fue el respaldo de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En ese sentido, precisó que cerca de 14.000 familias del departamento de Putumayo se inscribieron en el programa Renacemos, lo que permitió la erradicación voluntaria de aproximadamente 8.000 hectáreas de cultivos de coca durante los últimos seis meses.

La zona de ubicación temporal sigue vigente

Novoa también defendió la creación de la zona de ubicación temporal para integrantes del grupo armado, asegurando que no fue una medida improvisada, sino el resultado de varios meses de trabajo técnico entre distintas entidades del Estado.

Explicó que desde mayo hasta diciembre de 2025 se elaboraron más de diez protocolos con acompañamiento del Ministerio de Defensa y otras instituciones para garantizar su funcionamiento.

El negociador sostuvo que esa zona ya no depende directamente de la continuidad de la mesa de diálogos, pues actualmente cumple un objetivo distinto: facilitar la reincorporación de quienes dejaron las armas.

Además, enfatizó que la zona continúa bajo control del Estado y fue creada mediante un acto administrativo que conserva plena vigencia y presunción de legalidad.

El proceso corresponde a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Durante sus declaraciones, Novoa aclaró que el proceso suspendido por el Consejo de Estado corresponde exclusivamente a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y no a la Segunda Marquetalia.

Recordó que dicha organización surgió tras una escisión de ese grupo y que, posteriormente, el Gobierno expidió una nueva resolución mediante la cual designó oficialmente a los negociadores de esa estructura.

Por ello, insistió en que las conversaciones desarrolladas durante los últimos meses se realizaron únicamente con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, organización con la que, aseguró, se alcanzaron resultados verificables en los territorios.

Niega restricciones a las operaciones militares

Finalmente, el jefe negociador rechazó las afirmaciones de un coronel retirado de la Fuerza de Tarea Hércules, quien aseguró que desde la mesa de diálogos se impartieron instrucciones para reducir las operaciones militares contra ese grupo armado.

Novoa respondió que nunca se pactó un cese bilateral al fuego, por lo que la Fuerza Pública mantuvo plena capacidad para desarrollar operaciones de control territorial.

Según explicó, las únicas suspensiones de operaciones ofensivas fueron temporales y exclusivamente para facilitar el traslado de integrantes del grupo armado a las reuniones de negociación, situación que, afirmó, solo ocurrió durante periodos muy cortos.