La Contraloría General advirtió en un comunicado dirigido a la opinión pública que las actuales presiones fiscales “ponen en riesgo la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación”, especificando el faltante de financiación que enfrenta el plan de gasto de 2026.
Con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación (PGN) asciende a $555,72 billones y los ingresos recaudados suman $252,68 billones. Esa diferencia deja pendiente la financiación de cerca de $303 billones, equivalente al 54,5 %, según el balance citado por el ente de control.
En la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo, “se reconoce que no se alcanzará la meta inicial de recaudo tributario para 2026, prevista en $321,46 billones, y se ajusta a $294,28 billones. La Contraloría señaló que, a 16 de junio, el recaudo tributario reportado era de $138,17 billones, con un déficit “por ahora” de $32 billones frente a la trayectoria esperada”.
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El informe también registró una aceleración en la colocación de deuda. A junio de 2026, se comprometió el 76 % del cupo de endeudamiento de largo plazo, equivalente a $64,79 billones, frente a $47,28 billones comprometidos en el mismo periodo de la vigencia anterior.
El máximo órgano de control fiscal del Estado también identificó “un desfase entre los ingresos previstos en el Presupuesto General de la Nación y los proyectados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026. La diferencia es de $27,18 billones”.
Por lo tanto, planteó que el Ejecutivo debe encontrar nuevas vías de financiación; de lo contrario se verá obligado a disminuir el desembolso de recursos para mantener estables las finanzas.
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“Si el Estado no cuenta con nuevas fuentes de ingresos, será necesario reducir el gasto, al menos, en ese mismo monto para mantener el equilibrio de las finanzas públicas”.
El pronunciamiento de la Contraloría sobre el empalme presidencial
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación pidieron al Ejecutivo un informe completo sobre el uso de los fondos estatales, una rendición de cuentas que busca dejar trazado el estado real de la administración antes de la llegada del presidente electo Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026.
La solicitud se conoció después de la segunda vuelta presidencial que dejó al líder del movimiento político Defensores de la Patria como mandatario electo y mientras su equipo avanza en el proceso de empalme. El propósito es que el gobierno entrante reciba un balance sobre las obligaciones institucionales que asumirá al comenzar el mandato.
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La exigencia quedó consignada en la Directiva 001 de 2026, documento en el que se precisa que la administración Petro deberá reportar tanto los recursos ya ejecutados como los que siguen pendientes. El requerimiento no se limita al dinero: también abarca la gestión de los recursos humanos y administrativos asignados a cada frente de la administración.
Para los organos de control, el informe debe cubrir la totalidad de los asuntos a cargo del gobierno. “El informe debe incluir la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”, señalaron.
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La exigencia se apoya en la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, encabezadas por Gregorio Eljach y Carlos Hernán Rodríguez, sustentaron el requerimiento en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 951 de 2005. Esa norma establece que, cuando un servidor público no elabora los informes correspondientes, una autoridad competente puede requerirlo para que lo haga.
Esa base jurídica fue la que permitió a los organismos advertir que el incumplimiento del reporte puede acarrear consecuencias e incluso derivar en investigaciones previstas por el ordenamiento jurídico. La advertencia se extiende a toda la información que debe ser entregada en el tránsito entre una administración y otra.
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La respuesta central que exigen los entes de control es concreta: el Gobierno Petro debe informar qué recursos utilizó, cuáles siguen sin ejecutar y en qué estado deja cada responsabilidad institucional. Ese reporte debe servir como insumo para que la nueva administración conozca con precisión el punto de partida de su gestión.
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