Álvaro Uribe acusó a la Fiscalía de cometer un “abuso” tras mantener su indagatoria por los casos de La Granja, El Aro y Las Guacharacas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la decisión de la Fiscalía de mantener para el próximo 24 de julio la diligencia de indagatoria en su contra por las investigaciones relacionadas con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el denominado capítulo de Las Guacharacas.

La reacción del exmandatario se produjo luego de que la Fiscalía rechazara la solicitud de la Procuraduría General de aplazar la diligencia, petición que se sustentó en que aún no se han practicado varias pruebas decretadas dentro del proceso.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe calificó la decisión como un “abuso” y aseguró que la entidad sostiene que existen elementos para inferir que él “puede ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad”.

“Sigue el abuso de la Fiscalía”, escribió el exmandatario, quien también afirmó que la decisión responde a compromisos “con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro”.

Además, sostuvo que el caso tiene un trasfondo político y cuestionó el momento en el que fue citado a indagatoria.

“Este proceso empezó en 1998. El carácter político lo ratificó el llamado a indagatoria tres días antes de elecciones”, señaló Uribe, quien agregó que, sin la práctica de las pruebas pendientes, no contará con las garantías suficientes para ejercer su defensa durante la diligencia.

Pese a esos cuestionamientos, la Fiscalía mantuvo la fecha de la indagatoria, un paso procesal que podría definir el futuro de la investigación, incluida la posibilidad de que el ente acusador solicite una medida de aseguramiento o adopte otra determinación dentro del expediente.

La actuación se adelanta bajo la Ley 600 de 2000 y contempla los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.

Cuatro hechos bajo investigación

El expediente reúne cuatro líneas de investigación distintas. La primera corresponde a la masacre de La Granja, ocurrida el 11 de junio de 1996 en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados cinco habitantes.

En este caso, la hipótesis de la Fiscalía apunta a una presunta omisión del entonces gobernador de Antioquia, al considerar que habría tenido la posibilidad de prevenir la incursión paramilitar y no actuó para impedirla.

La segunda línea corresponde a la masacre de El Aro, registrada entre el 22 y el 31 de octubre de 1997. Según las investigaciones, en ese ataque fueron asesinados 17 campesinos, se incendiaron 42 viviendas, fueron robadas más de 1.000 reses y alrededor de 1.400 personas resultaron desplazadas.

En este episodio, la Fiscalía analiza una hipótesis distinta, relacionada con una presunta determinación para la comisión de los hechos.

Uno de los testimonios centrales dentro de esta investigación es el del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023 que las masacres de La Granja y El Aro habrían sido solicitadas “directamente desde el gobernador Uribe a través de Pedro Juan Moreno”.

También hacen parte del expediente las declaraciones de los ganaderos Jaime y Francisco Angulo Osorio, condenados por financiar la incursión paramilitar, quienes manifestaron ante la JEP que mantenían comunicación con Moreno desde la Gobernación de Antioquia.

Uribe ha rechazado esas versiones. Durante una declaración rendida en noviembre de 2023 aseguró que Mancuso ha cambiado su relato con el paso del tiempo y recordó que, tras su extradición, había afirmado que él no tuvo participación en la masacre de El Aro.

Asimismo, cuestionó el testimonio del exparamilitar Francisco Villalba, quien dijo haber participado en una reunión previa a la incursión. El expresidente sostuvo que esa versión presenta una contradicción porque Villalba mencionó la presencia del general Alfonso Manosalva Flórez, quien había fallecido meses antes de que ocurrieran los hechos.

El caso de Jesús María Valle y Las Guacharacas

La investigación también busca establecer posibles responsabilidades por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Valle había denunciado durante varios años la expansión del paramilitarismo en el norte de Antioquia y los presuntos vínculos entre integrantes de las autodefensas y miembros de la Fuerza Pública.

Ante la JEP, Mancuso aseguró que la orden para asesinar al abogado habría salido de Pedro Juan Moreno, debido a las constantes denuncias que Valle realizaba contra Uribe, Moreno y altos mandos militares.

El expresidente ha negado esas afirmaciones y sostiene que nunca tuvo enemistad con el abogado. Según su versión, ambos trabajaron conjuntamente para atender la crisis humanitaria de Ituango y, para la fecha del crimen, él ya no era gobernador de Antioquia y adelantaba estudios en la Universidad de Oxford.

El cuarto componente del expediente corresponde al caso de Las Guacharacas, una hacienda ubicada entre los municipios de San Roque y Yolombó. La Fiscalía intenta establecer si ese predio tuvo alguna relación con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1995 y 1997.

En este capítulo cobran relevancia los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador de la finca, y del exparamilitar conocido con el alias de Pipintá.

Uribe ha insistido en que su familia vendió la hacienda años antes de los hechos investigados, tras el asesinato de su padre, Alberto Uribe Sierra, en 1983, y asegura que cuando el padre de Monsalve llegó como administrador el predio ya no pertenecía a su familia.

Con la negativa de la Fiscalía a aplazar la diligencia, la indagatoria del 24 de julio continúa en firme. Ese día el ente acusador escuchará formalmente la versión del expresidente y, posteriormente, evaluará si la investigación avanza hacia nuevas decisiones procesales.