El brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas presentados ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe. Con su aceptación, ya son ocho los generales retirados del Ejército Nacional que han admitido participación en estos crímenes ante la justicia transicional.
La información publicada por El Tiempo señala que Hernández hará parte de las audiencias públicas en las que 25 militares ratificarán, frente a las víctimas, la justicia y el país, los reconocimientos que antes habían presentado por escrito. La primera jornada se realiza en Barranquilla entre el 30 de junio y el 1 de julio, mientras que la segunda tendrá lugar en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio.
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En esas diligencias, los comparecientes deberán referirse al patrón criminal documentado por la JEP, según el cual 604 personas fueron asesinadas y presentadas falsamente como bajas en combate en siete departamentos de la Costa Caribe entre 2002 y 2008. Solo siete de los 25 comparecientes habían sido condenados previamente por estos hechos en la justicia ordinaria.
Reconocimiento del general retirado
Hernández Martínez fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa entre diciembre de 2007 y junio de 2009. Durante ese periodo, esa unidad reportó 22 operaciones militares con 37 bajas en combate. Sin embargo, la Sala de Reconocimiento estableció que 24 de esas muertes, cerca del 65 %, correspondieron a asesinatos presentados ilegítimamente como resultados operacionales.
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La JEP le atribuyó responsabilidad como coautor mediato por asesinatos y desapariciones forzadas. Según la investigación, el oficial conoció denuncias reiteradas sobre irregularidades en las bajas reportadas por el batallón y, pese a ello, contribuyó a su encubrimiento. También concluyó que permitió la continuidad de la estructura criminal al aprovechar fallas disciplinarias, ausencia de controles efectivos y falta de investigaciones genuinas.
El caso expone otro punto relevante: Hernández Martínez no había sido investigado ni tenía decisiones en su contra por estos hechos en la justicia ordinaria. Durante su paso por el Batallón La Popa, incluso recibió reconocimientos por resultados operacionales. En abril de 2008 fue distinguido por la Primera División del Ejército como “figura del trimestre”.
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Ahora, el oficial retirado anunció que está dispuesto a entregar las medallas recibidas por esos resultados. En audiencia pública, aceptó su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas. “Comparezco hoy ante ustedes con profunda vergüenza, dolor y con pleno reconocimiento de responsabilidad”, dijo.
Patrón criminal en la región Caribe
La JEP documentó que integrantes de unidades militares de la Costa Caribe cometieron de manera sistemática asesinatos y desapariciones forzadas para presentarlos falsamente como bajas en combate. El objetivo, según la investigación, era mostrar resultados operacionales exitosos y aumentar la percepción de seguridad.
El tribunal estableció que los responsables actuaron mediante un sistema de presiones, incentivos y mecanismos de encubrimiento. Entre las víctimas identificadas hay 26 niños y niñas, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres.
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El magistrado Óscar Parra Vera, relator del Subcaso Costa Caribe, explicó que el universo de víctimas en la región asciende aproximadamente a 750 personas. Para el magistrado, esa cifra muestra la dimensión de los crímenes y la importancia de las audiencias en Barranquilla y Valledupar.
Parra también destacó que las diligencias estuvieron precedidas por espacios de escucha, preparación y diálogo con las víctimas. Según dijo, ellas han ocupado un lugar central no solo como destinatarias de justicia, sino como voces indispensables para comprender la profundidad del daño causado.
Con este reconocimiento, la JEP avanza en una fase clave del Subcaso Costa Caribe: la exposición pública de responsabilidades ante las víctimas. La entrega de medallas anunciada por Hernández añade un gesto simbólico a un proceso que busca verdad, reconocimiento y reparación frente a uno de los capítulos más graves del conflicto armado en Colombia.
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