
En la noche del 26 de junio de 2026, la vereda Guabal, ubicada en la zona rural del municipio de Guachené, Cauca, fue escenario de un nuevo hecho de violencia.
Según información de Indepaz, hombres armados irrumpieron en el sector y asesinaron a tres personas, dos hombres y una mujer. Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a las víctimas.
Los residentes de la zona informaron que los atacantes llegaron al lugar y ejecutaron a las personas, generando alarma entre la población. Este episodio corresponde a la masacre número 67 registrada en Colombia en 2026, de acuerdo con los reportes de organizaciones de derechos humanos.
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La Defensoría del Pueblo había emitido previamente la alerta temprana 013/25 para Guachené, advirtiendo sobre la presencia de actores armados que imponen normas y formas de gobernanza ilegales.

Según el organismo, estas dinámicas representan “un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”. En la alerta 036/23, se destacó que el riesgo inminente en varios municipios del departamento se relaciona con la posibilidad de hechos violentos que afectan tanto a personas como a bienes de naturaleza civil.
La entidad subrayó que las acciones violentas pueden estar dirigidas tanto a objetivos militares como a la población civil, lo que genera afectaciones indiscriminadas y viola los principios internacionales de proporcionalidad y precaución. “El escenario de riesgo se fundamenta en la potencial ocurrencia de graves afectaciones a la población”, advirtió la Defensoría.
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De acuerdo con Indepaz, en la región operan estructuras armadas conocidas como Frente Jaime Martínez y Frente Dagoberto Ramos, pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de bandas de carácter local.
La presencia de estos grupos ha sido señalada por organismos oficiales como un factor determinante en la persistencia de la violencia en el norte del Cauca.
La jurisdicción militar en el área corresponde a la Tercera División del Ejército colombiano, que mantiene operaciones en la zona.

Cuatro jóvenes asesinados en Valledupar: Indepaz denuncia presunto uso excesivo de la fuerza policial
El pasado 2 de mayo de 2026, el sector conocido como Nando Marín, en el municipio de Valledupar, departamento del Cesar, fue escenario de una grave acción violenta que terminó con la vida de cuatro jóvenes.
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Según reportes de Indepaz, los hechos ocurrieron mientras varias personas compartían en el área, momento en que llegaron miembros de la Policía. De acuerdo con los testimonios recogidos, los agentes intentaron detener a uno de los presentes, provocando un altercado con quienes se encontraban en el sitio.
Durante la confrontación, se habría producido un presunto uso desmedido de la fuerza por parte de los uniformados, lo que resultó en la muerte de Hernán, Holman, Fabián y Humberto.
Las víctimas, identificadas plenamente, no presentaban antecedentes judiciales, según la información disponible. Este hecho ha sido catalogado como una masacre, la número 66 en lo que va de 2026, según los registros de organizaciones de derechos humanos.
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La Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 013/25 para Valledupar, pidiendo una observación permanente de la situación del municipio.
El organismo había advertido sobre la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados, lo que implica un riesgo constante de vulneración de los derechos de la ciudadanía. A esta alerta se suma la 020/25, en la que se señala la persistencia de amenazas derivadas de disputas por el control territorial y las economías ilícitas en las zonas rurales de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Las dinámicas de confrontación entre actores armados se concentran en corredores utilizados para movilidad y captación de recursos ilegales, afectando la seguridad local. Se han observado procesos de reconfiguración y expansión de estructuras armadas, lo que agrava la situación en áreas de influencia de Valledupar.
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En la región operan grupos como el Clan del Golfo (EGC), Acsn y bandas locales. La jurisdicción militar corresponde a la Primera División del Ejército colombiano, que mantuvo presencia en la zona, aunque los desafíos en materia de seguridad persisten.
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