Aida Quilcué rechazó amenazas contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria: “No son hechos aislados”

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, puso la lupa en denuncias sobre amenazas de las cuales están siendo víctimas los campesinos que son beneficiarios de la Reforma Agraria. Grupos armados están amedrentando a los ciudadanos e, incluso, están exigiendo que desalojen las tierras que adquirieron.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, estos hechos se están presentando en municipios como Puerto López (Meta) y Campamento (Antioquia), “en medio de un ambiente de creciente estigmatización que pone en riesgo la integridad y la vida de la población campesina”.

El caso registrado en Puerto López involucró a una familia campesina beneficiaria de los programas de acceso a tierras. Hombres armados irrumpieron en su vivienda, agredieron físicamente a los ocupantes, quemaron sus pertenencias y destruyeron sus medios de subsistencia, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La entidad también denunció que en la hacienda La Palmira, de Córdoba, campesinos beneficiarios también fueron amenazados de muerte y que en Tuluá, integrantes del consejo comunitario Zabaletas fueron intimidados y un contratista de la ANT recibió amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

“Hay una oposición violenta de particulares que pretenden mantener el control ilegal en predios del Estado”, precisó la ANT en un comunicado.

La congresista y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, que fue coequipera del exaspirante a la Presidencia Iván Cepeda Castro, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X. En su publicación, rechazó los hechos de violencia denunciados y aseguró que hacen parte de una “estrategia sistemática” que se ha ido incrementando con el paso de los días posteriores a las elecciones presidenciales (21 de junio).

Según la senadora, los ataques y amenazas que están recibiendo los campesinos no pueden ser considerados como “meras expresiones de intolerancia”.

“Hago un llamado a todas las entidades competentes a realizar acciones inmediatas y efectivas para la protección de la vida de las comunidades rurales que han recibido tierras a través de los programas de este gobierno. El miedo y el despojo no pueden regresar a los campos de Colombia”, indicó la excandidata vicepresidencial.

El Ministerio de Agricultura informó que el Gobierno nacional ha tomado todas las medidas para garantizar que las decisiones tomadas por la autoridad agraria “estén jurídicamente blindadas”, lo que incluye la entrega de actos administrativos y demás documentos jurídicos que sirven para respaldar la tenencia de tierras.

Ante estos hechos, se convocarán Consejos de Seguridad con el fin de poner en marcha las acciones necesarias para garantizar la protección de la población campesina beneficiaria de la Reforma Agraria. Además, de acuerdo con la cartera, se reforzará el acompañamiento de las autoridades en las zonas en donde se presente este tipo de situaciones.

El ministerio solicitó a las autoridades judiciales y administrativas, así como al Ministerio Público, que tomaran todas las medidas requeridas para brindar seguridad a los ciudadanos vinculados a programas de entrega de tierras. De igual manera, pidió a la sociedad civil, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas que acompañen a las comunidades rurales.

“Con el miedo intentaron desocupar el campo colombiano (…). El acto más importante de protección es la concurrencia de todos los beneficiarios del movimiento agrario a proteger a quienes están siendo objeto de estos actos violentos. No puede ser la voz del miedo ni de la ilegalidad ni de quienes se ocultan detrás de los procesos violentos, que no ampara el régimen jurídico, quienes terminen ganando”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, citada en la comunicación oficial de la cartera.

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado en el que también rechazó los hechos de violencia denunciados. Recordó que la entrega de tierras tiene como fin dignificar la vida de cientos de familias. Esos predios estaban en manos de organizaciones criminales y ahora son el foco de una transformación guiada hacia los proyectos productivos.

“No podemos permitir que la violencia y el desplazamiento vuelvan a instalarse en los campos colombianos. La Reforma Agraria representa el compromiso del Estado con la justicia social y con la recuperación de tierras para quienes históricamente fueron excluidos. Atacar a las familias campesinas es atacar ese propósito y desconocer el derecho de las comunidades a vivir y producir en paz”, indicó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.