Isabel Zuleta, que impulsó el tarimazo en Medellín, rendirá versión libre ante la Corte Suprema por intervención en allanamiento a celda de ‘Pipe Tuluá’

La exsenadora Isabel Zuleta deberá comparecer el 26 de junio de 2026 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir versión libre en la investigación que busca establecer qué papel tuvo durante un allanamiento en la cárcel La Picota a la celda de alias Pipe Tuluá.

El episodio también puso bajo examen si su actuación se ajustó a las funciones legales de una congresista o si invadió competencias reservadas a autoridades judiciales y penitenciarias.

La citación fue hecha por el despacho del magistrado Francisco Farfán, ponente del caso y presidente de esa sala. La diligencia quedó programada para las 8:00 a.m., informó Semana.

La indagación contra la excongresista del Pacto Histórico comenzó en diciembre de 2025, cuando el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria abrió una investigación preliminar para determinar su posible responsabilidad en hechos ocurridos durante un procedimiento en el penal del sur de Bogotá relacionado con Andrés Felipe Marín, conocido como alias Pipe Tuluá.

Cabe recordar que ese operativo se remonta a comienzos de julio de 2025. En ese momento, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó un allanamiento en La Picota después de recibir información sobre un posible asesinato que, al parecer, se estaba planeando dentro de la cárcel.

Las autoridades confirmaron entonces que el objetivo era incautar un arma de fuego que supuestamente iba a ser usada por “Pipe Tuluá” contra otro recluso conocido como “Araña”. Se trata del disidente de las Farc capturado en un hotel de Bogotá cuando participaba como negociador de paz en representación de los Comandos de Frontera.

La Corte Suprema busca establecer si Isabel Zuleta fue testigo o dirigió el procedimiento

Durante la diligencia en la que participó la entonces senadora, que acompañó el procedimiento, ella habría presenciado el momento en que Andrés Felipe Marín entregó el arma. El expediente también tuvo en cuenta que el cabecilla tenía condenas por múltiples homicidios y una solicitud de extradición por Estados Unidos.

La investigación no se limita a establecer si Zuleta estuvo presente en el allanamiento. El tribunal intenta definir si su intervención llegó a un punto de dirección del procedimiento que permitió la incautación del arma que, según la información conocida, iba a ser utilizada contra un gestor de paz designado por el gobierno de Gustavo Petro.

Ese es el punto central del caso: la Corte Suprema intenta determinar si la presencia de Isabel Zuleta en el operativo y las decisiones que pudo haber adoptado allí estuvieron dentro de las atribuciones de control político de una integrante del Congreso de la República o si cruzaron hacia funciones exclusivas de jueces, fiscales y autoridades penitenciarias.

El episodio ocurrió además mientras avanzaba el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos. Allí es requerido por narcotráfico y concierto para delinquir.

El presidente Petro denunció que el jefe de La Inmaculada intentó frenar esa extradición mediante sobornos a funcionarios públicos. Pese a ello, finalmente fue entregado a una corte federal en ese país.

La comparecencia se suma a otros cuestionamientos sobre visitas a cárceles

Isabel Zuleta también ha sido investigada por la Corte Suprema de Justicia por sus intervenciones en la cárcel de Itagüí, donde se desarrolla una mesa de paz urbana con cabecillas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. En ese mismo centro penitenciario ocurrió la polémica parranda vallenata con Nelson Velásquez.

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago sostuvo que la exsenadora del Pacto Histórico la cuestionó en varias ocasiones por los operativos adelantados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en cárceles del país.

A esos antecedentes se suma una denuncia del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, contra la congresista del Pacto Histórico por presunto tráfico de influencias y obstrucción a la función pública. El mandatario local la señaló como supuesta responsable de interceder para evitar la captura de un cabecilla criminal.