Procuraduría formuló cargos contra dos exdirectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por irregularidades en un contrato de $1.700 millones

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Claudia María Arroyave López y William Alfredo Sandoval Sandoval, exdirectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), por presuntas irregularidades en un contrato de $1.700 millones firmado en 2021 para adquirir un sistema de planificación de recursos empresariales, un proceso que el organismo considera comprometido desde la etapa precontractual y que ahora entra en una fase en la que los investigados podrán ejercer su defensa.

La calificación provisional del caso ubicó las conductas como faltas gravísimas a título de culpa gravísima. Esa valoración, de acuerdo con la entidad, no define todavía una responsabilidad disciplinaria definitiva, pero sí marca el avance del expediente hacia una nueva etapa procesal.

Según el Ministerio Público, Arroyave López se desempeñaba como secretaria general de la Ansv, y Sandoval Sandoval era el coordinador del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuando se adelantó la contratación.

El ente de control sostuvo que ambos habrían omitido verificar y validar los aspectos técnicos y funcionales exigidos antes de la firma del contrato. En el caso de Claudia María Arroyave López, la actuación investigada se relaciona con la suscripción del acuerdo; en el de Sandoval Sandoval, con la presunta elaboración de estudios y documentos previos con deficiencias.

El soporte central de la actuación disciplinaria es un dictamen pericial rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Ese documento, según el organismo, identificó falencias en los estudios y documentos precontractuales y concluyó que esas deficiencias habrían puesto en riesgo inminente la ejecución del contrato.

La Procuraduría General de la Nación expidió un comunicado en el dijo: “Al parecer, los investigados habrían incurrido en falta disciplinaria al presuntamente omitir verificar y validar los aspectos técnicos y funcionales exigidos en el proceso precontractual de este proyecto de fortalecimiento institucional, que concluyó con la firma del contrato por parte de Arroyave López”.

La entidad también señaló: “Según el dictamen pericial, rendido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, se habrían presentado falencias en los estudios y documentos precontractuales, presuntamente elaborados por Sandoval Sandoval, lo que habría puesto en riesgo inminente la ejecución del contrato”.

El contrato investigado correspondía a la adquisición de un sistema de planificación de recursos empresariales. Ese tipo de plataforma está orientada a integrar información administrativa, financiera y operativa dentro de una misma estructura tecnológica para fortalecer procesos internos.

En este caso, la investigación se centra en la definición de requisitos y en la evaluación técnica previa que debía sustentar la viabilidad y el alcance de la herramienta. Para la Procuraduría, las presuntas omisiones habrían afectado el desarrollo adecuado del procedimiento administrativo en un proyecto de fortalecimiento institucional.

La formulación de cargos significa que la investigación disciplinaria superó una fase preliminar y avanzó con una imputación formal dentro del expediente. A partir de este punto, los exfuncionarios podrán presentar argumentos y controvertir los elementos probatorios antes de una decisión de fondo.

La actuación sigue en curso mientras la Procuraduría evalúa las responsabilidades individuales dentro del proceso contractual. Hasta ahora, la determinación oficial es provisional y se limita a señalar que las presuntas fallas detectadas en 2021 comprometieron una contratación pública por más de $1.700 millones dentro de la Ansv.

En una actuación distinta, el mismo organismo formuló cargos contra Belsy Malena Regalado Badillo, exgerente de la Empresa Social del Estado de Cabrera, en Santander, por un presunto incumplimiento de sus deberes como servidora pública.

Según la Procuraduría Provincial de San Gil, la investigación busca establecer si la exfuncionaria no garantizó al conductor de la ambulancia del centro de salud varios derechos laborales durante 2021 y 2022. Entre los derechos presuntamente afectados figuran los recargos por trabajo dominical, los descansos compensatorios, los días festivos y la asignación adecuada de turnos.

La conducta atribuida a Regalado Badillo fue calificada de manera provisional como grave a título de culpa grave. Ese proceso también continuará para verificar los hechos y determinar si existió responsabilidad disciplinaria.