Defensoría del Pueblo alertó por asesinatos de líderes sociales y masacres en 2026: De la Espriella asumirá con un panorama crítico en seguridad

Horas antes de que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, presidente electo de Colombia y su fórmula vicepresidencial, recibieran sus credenciales tras la victoria en la segunda vuelta del domingo 21 de junio de 2026, la Defensoría del Pueblo divulgó una radiografía sobre la situación del país en materia de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de masacres en lo corrido del año.

Las cifras que se conocieron a través de una publicación en las redes sociales de la entidad la mañana del jueves 24 de junio no son nada alentadoras, y encendieron las alarmas de antemano en la nueva administración, que asumirá el viernes 7 de agosto.

“En Colombia, los líderes y lideresas sociales están expuestos a constantes ataques que debilitan su trabajo en los territorios”, inicia el mensaje por parte del ente de control, y precisó que “entre el primero de enero y el 31 de mayo, 67 personas fueron asesinadas (55 hombres y 12 mujeres)”.

El panorama se torna peor cuando se detalló más adelante en la publicación que “las masacres han aumentado de manera significativa”, al resaltar que “en el mismo periodo (a de enero a 31 de mayo de 2026) se han contabilizado 58 casos con 238 víctimas”.

Por este motivo, desde la institución se hizo un llamado en su anunció por “la defensa de los derechos humanos y el territorio no puede seguir costando vidas”.

En cuanto a asesinato de líderes, lideresas, defensores y defensores de DD. HH., la Defensoría precisó en una de las imágenes que compartió que el mes que hasta el momento reportó la mayor cantidad de homicidios fue abril (con 20); seguida de febrero (14); enero y mayo (ambos con 13); y marzo (7).

Por su parte, en cuanto a la discriminación de los departamentos, Cauca fue el que más casos reportó de asesinatos con 16, seguido de Antioquia (11); Arauca (6) y Valle del Cauca (5); Norte de Santander (4); Magdalena y Nariño (3 cada uno); Bogotá, Chocó Huila, La Guajira, Putumayo, y Santander (2 cada uno); y Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca y Tolima (1 cada uno).

De otro lado, en cuanto a asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz se reportaron un total de tres crímenes: dos en febrero y uno en marzo, y se presentaron en Caquetá, Cauca y Huila.

Al final, y al desglosar el mapa de masacres en Colombia durante lo corrido de 2026, la Defensoría confirmó que con 14 homicidios múltiples marzo fue el mes con más casos, seguido de enero y abril (ambos con 13); y febrero y mayo (cada uno con 9).

El reto de la administración entrante de Abelardo de la Espriella: los grupos armados ilegales

El presidente electo Abelardo de la Espriella heredará un mapa del crimen organizado más fragmentado, pero también fortalecido, con mayor control territorial, más capacidad militar y fuentes de financiación diversificadas.

Así lo mencionó un informe del portal especializado Insight Crime, en medio de una ola de violencia que atraviesa varios departamentos y que obligará a redefinir la estrategia de seguridad desde el inicio del nuevo gobierno.

La magnitud del desafío se resume en una cifra: entre 2018 y 2025, las principales estructuras ilegales aumentaron más de 110% su número de combatientes, al pasar de cerca de 13.000 integrantes a más de 27.000, de acuerdo con datos de la Fundación Conflict Responses.

Ese crecimiento coincide con más de diez escenarios de confrontación armada entre organizaciones ilegales en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila, Meta, Chocó, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Magdalena, Arauca y Guaviare (zonas mencionadas en el informe de la Defensoría del Pueblo).

El análisis sostiene que esas disputas territoriales se convirtieron en uno de los principales motores de la violencia contra las comunidades.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, señala el informe, continuó la fragmentación de las organizaciones armadas ilegales, en especial entre las disidencias de las antiguas Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Por tal motivo, varias facciones buscaron mostrarse unificadas al comienzo de la administración Petro para mejorar su posición ante eventuales negociaciones, pero las diferencias internas derivaron en nuevas rupturas.

Esa división no redujo la amenaza, y Glaeldys González, analista para los Andes del Sur del International Crisis Group, explicó al mismo medio que “son grupos más pequeños que se adaptan mejor a operaciones militares sostenidas. Son más flexibles, más difíciles de combatir”.

Las disputas territoriales empujaron una crisis humanitaria en Catatumbo

El informe identifica a la región del Catatumbo (Norte de Santander), en la frontera con Venezuela, como el caso más representativo de ese deterioro.

Desde enero de 2025, la zona enfrenta una crisis humanitaria que dejó más de 100.000 personas desplazadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La relación entre las comunidades y esas estructuras también cambió. Donde antes existían en algunos territorios márgenes de negociación, ahora predominan formas de control social más restrictivas, una situación documentada por organismos internacionales en distintos informes de monitoreo.

A ese cuadro se suma el uso de nuevas tecnologías. Los drones son utilizados para vigilar comunidades y también como plataformas de ataque con explosivos en departamentos como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde grupos armados modificaron esos dispositivos para atacar a la fuerza pública, con efectos que en ocasiones alcanzan a la población civil.

González planteó que la respuesta exigirá escoger prioridades, algo que tendrá que redefinir la administración De la Espriella.

“Tiene que haber un análisis estratégico de priorización, dependiendo de las capacidades o de la amenaza que representen los grupos, y focalizar esfuerzos en estos espacios de confrontación donde las comunidades quedan en el medio”, planteó la experta.

La cocaína, el oro ilegal y la extorsión ampliaron la financiación criminal

El informe advierte que el próximo gobierno no solo enfrentará grupos más extendidos, sino economías ilícitas más robustas.

Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo y, aunque durante la actual administración se reforzaron las acciones de interdicción y destrucción de infraestructura para producir drogas, los cultivos de coca continuaron en aumento.

La minería ilegal de oro también ganó peso por el alza de los precios internacionales del metal.

El análisis también menciona la participación de los Gaitanistas, el ELN y las disidencias de las Farc en esta economía ilícita en Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y amplias zonas de la Amazonía.

Desde 2023, además, crecieron delitos como la extorsión y el secuestro, que pasaron a ser fuentes relevantes de financiación para las estructuras criminales. Ese cambio amplía la presión sobre la seguridad ciudadana y sobre las instituciones encargadas de contener esas rentas ilegales.

Desde la llegada de Petro a la Presidencia en 2022 hubo una renovación en los altos mandos de esas instituciones, en un momento en que el equilibrio frente a los grupos armados se debilitó.

Por ende, González resumió ese diagnóstico con otra advertencia antes de conocerse los resultados que dieron como ganador a De la Espriella.

“Independientemente de quién asuma la presidencia, va a tener que enfrentar este desbalance entre grupos criminales y armados y fuerzas de seguridad. Estamos hablando de una fuerza sobrecargada, trabajando al límite de su capacidad. Quien venga va a tener que pensar en cómo recomponer ese equilibrio que se ha perdido”, cerró González.