Alarma en Santa Marta: piden emergencia sanitaria tras confirmar contaminación fecal en el agua de dos barrios

La crisis del agua en Santa Marta sumó un nuevo capítulo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y de cientos de habitantes del sur de la ciudad.

Esta vez, la preocupación no gira únicamente en torno a la falta del servicio o a las constantes interrupciones en el suministro, sino a la calidad del líquido que llega a los hogares de dos tradicionales sectores samarios.

Ante esto, la Personería Distrital solicitó evaluar la declaratoria de emergencia sanitaria luego de que estudios técnicos realizados por la Secretaría de Salud confirmaran la presencia de contaminación con materia fecal en el agua distribuida en algunas zonas de los barrios El Pando y María Eugenia.

La situación salió a la luz tras múltiples denuncias presentadas por residentes de ambos sectores, quienes desde hace semanas venían reportando anomalías relacionadas con el servicio.

Los habitantes alertaron sobre malos olores, alteraciones en la apariencia del agua, interrupciones constantes y problemas que, según aseguraban, podrían estar afectando la salud de las familias.

En el caso de María Eugenia, más de 60 ciudadanos acudieron ante la Personería para exponer las dificultades que enfrentaban diariamente. Entre las quejas figuraban fallas en la estación de bombeo, presencia de aguas estancadas, proliferación de vectores y síntomas de enfermedades que algunos vecinos asociaban con el consumo o uso del agua suministrada.

Una situación similar fue reportada en El Pando, donde líderes comunitarios advirtieron sobre una posible mezcla de aguas residuales con el líquido que llegaba a las viviendas. Ante la gravedad de los señalamientos, se ordenaron análisis técnicos para verificar las condiciones reales del servicio.

Los resultados terminaron confirmando los temores de la comunidad. De acuerdo con el concepto emitido por la Secretaría de Salud, el agua presentaba contaminación fecal, una situación que representa un riesgo directo para la salud pública debido a la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas.

Pero la solicitud no se limita al ámbito sanitario, pues el Ministerio Público también pidió revisar la facturación del servicio de acueducto y alcantarillado para los usuarios impactados por la situación.

Según explicó la entidad, la legislación colombiana contempla mecanismos para revisar cobros cuando un servicio público presenta fallas graves en sus condiciones de prestación. Por ello, se solicitó estudiar la suspensión temporal de los cobros, así como eventuales reliquidaciones o devoluciones económicas en caso de comprobarse que el agua fue suministrada sin cumplir los estándares mínimos de calidad exigidos por la normativa nacional.

La situación vuelve a poner bajo la lupa la problemática histórica que enfrenta Santa Marta con el abastecimiento de agua potable, ya que durante años, miles de habitantes han denunciado cortes frecuentes, baja presión y dificultades para acceder al servicio.

Ahora, el debate se amplía hacia una preocupación aún más delicada: la calidad del recurso que llega a los hogares.

Mientras avanzan las evaluaciones sanitarias y las autoridades estudian las medidas que podrían adoptarse, las comunidades de El Pando y María Eugenia esperan respuestas concretas que permitan garantizar condiciones seguras para el consumo y uso diario del agua.

Por ahora, la solicitud de emergencia sanitaria permanece sobre la mesa y las autoridades competentes deberán determinar si la magnitud de la contaminación detectada amerita la adopción de medidas extraordinarias para proteger la salud de cientos de familias samarias.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron a los habitantes de los sectores afectados evitar el consumo directo del agua mientras se adoptan las acciones correctivas necesarias y se adelantan nuevas verificaciones sobre la calidad del servicio.

Entre tanto, la Personería insistió en la necesidad de implementar soluciones urgentes que permitan proteger la salud de la comunidad y restablecer la confianza en el sistema de acueducto.