
Cali afrontará la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio de 2026 con ley seca, refuerzo de la fuerza pública y vigilancia especial en los puestos de votación.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en rueda de prensa previo a los comicios que el plan incluye 109 pelotones con cerca de 3.200 soldados, vehículos blindados para asegurar la movilidad y la seguridad en las vías que conectan a Cali con el resto del Valle del Cauca y el suroccidente del país.
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La ley seca regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 20 de junio hasta las 12:00 p.m. del mediodía del lunes 22 de junio. La restricción aplicará en zonas urbanas y rurales y prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, tiendas, bares y discotecas.

Para las votaciones, la Policía Metropolitana de Cali aumentará su pie de fuerza de 3.800 a 4.000 uniformados desplegados en la ciudad. El Ejército Nacional participará en patrullajes conjuntos y unidades ubicadas en puntos estratégicos definidos por las autoridades.
El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, explicó que los efectivos estarán asignados a la seguridad de los puestos y al acompañamiento del material electoral. “Estarán dispuestos no solamente para asegurar los puestos de votación, sino para las demás actividades del certamen electoral, como el transporte, o más bien la escolta y el transporte, del material electoral hacia los puestos de votación e igualmente desde los puestos de votación hacia los sitios de escrutinio”.
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Para la jornada se habilitarán 5.158 mesas distribuidas en 216 centros electorales, con 194 en la zona urbana y 22 en el área rural. Las autoridades señalaron que, por ahora, no está previsto trasladar mesas en ningún punto de la ciudad.
Cabe recordar que quienes compren o consuman bebidas alcohólicas en zonas públicas serán sancionados según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, una medida que también alcanza a establecimientos que venden licor, como bares, discotecas, tiendas y supermercados. Los comerciantes que incumplan se exponen a sanciones económicas, cierres temporales o medidas administrativas.
La multa prevista es de entre cuatro y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 equivale a entre $8.000.000 y $64.000.000, según la conducta y el alcance de la infracción, de acuerdo con el criterio del agente de Policía.
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La disputa entre Bogotá y el gobierno nacional por la ley seca para la segunda vuelta

La única ciudad capital que no seguirá los horarios establecidos por el Gobierno Petro será Bogotá. La Alcaldía, liderada por Carlos Fernando Galán, sostuvo que regirá desde las 12:00 a. m. del viernes 19 de junio de 2026 hasta el lunes 22 de junio de 2026, amparada en una facultad expresa del decreto nacional para ampliar el plazo por razones de orden público.
El cambio horario tiene impacto económico directo. Días antes de la decisión, el gremio nocturno advirtió pérdidas por más de $180.000.000.000 si la restricción incluía también el sábado, según Asobares Bogotá.

La controversia surgió durante la presentación del Decreto 06112 del Gobierno para el desarrollo de las elecciones. Allí, Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que Bogotá debía seguir las reglas del documento e implementar la restricción desde el sábado 20 de junio de 2026 a las 6:00 p. m.
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El texto oficial, citado en la discusión, establece otra posibilidad. En su artículo 13, el decreto señala que gobernadores y alcaldes, de conformidad con lo recomendado en los consejos departamentales y municipales de seguridad o comités de orden público, podrán ampliar el término previsto para prevenir posibles alteraciones del orden público.
El alcalde Galán reiteró que la decisión local nació de un consejo de seguridad realizado el 4 de junio de 2026 y defendió que la restricción en la capital del país se mantendrá en el horario anunciado.
“En Bogotá va a regir la ley seca desde las 12 de la noche del viernes al finalizar el día hasta el lunes, como lo anunciamos. Eso está sustentado, repito, en recomendaciones que hizo el Consejo de Seguridad”, afirmó el mandatario capitalino.
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La administración local también sostuvo que la medida sigue vigente mientras no exista una decisión judicial en contra. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, afirmó que “la legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada”.
Ese pronunciamiento responde de manera directa a la duda central abierta por las declaraciones del ministro Benedetti: en Bogotá, según la Alcaldía, la ley seca empieza a las 12:00 p.m. del viernes 19 de junio de 2026 y se extenderá hasta el lunes.
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