Cinco colombianos firmaron demanda contra el secretario de Estado, Marco Rubio, por frenar visas de residencia a migrantes en Estados Unidos

Cinco colombianos demandan a Marco Rubio y al Departamento de Estado por la suspensión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una medida de la administración de Donald Trump que dejó en pausa miles de trámites legales, incluidos casos que ya estaban en su etapa final. El litigio, abierto en una corte federal de Nueva York, puede poner a prueba hasta dónde puede llegar el Gobierno de Estados Unidos para restringir la inmigración legal.

El fundamento de los firmantes se basa en que la suspensión frenó procesos migratorios avanzados sin evaluación individual y con base en la nacionalidad de los solicitantes. En ese caso está en juego la legalidad de una política anunciada el 21 de enero de 2026 que, si sigue vigente, podría afectar cerca de la mitad de la inmigración legal hacia el país norteamericano.

Los cinco colombianos integran un grupo de 11 demandantes individuales dentro de una demanda colectiva presentada en febrero por organizaciones de defensa de inmigrantes, entre ellas el National Immigration Law Center (NILC), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), Justice Action Center, LatinoJustice PRLDEF, UndocuBlack Network y la clínica jurídica de inmigración de la Universidad de Yale.

La querella quedó radicada ante una corte federal en Nueva York en representación de personas que afirman haber resultado afectadas por la medida. Casi la mitad de los demandantes individuales son colombianos y todos habían optado por vías legales de inmigración apoyadas en sus méritos académicos, su experiencia profesional o proyectos de interés nacional para Estados Unidos.

¿Quiénes son los colombianos que llevan el caso a los tribunales?

El primer colombiano identificado en la demanda es Fernando Lizcano Losada, endocrinólogo con más de tres décadas de experiencia en investigación y práctica clínica. El expediente, revelado por El Tiempo, lo describe como fundador y director de un centro de investigación biomédica en la Universidad de La Sabana, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo y exinvestigador posdoctoral en fisiología molecular en el Brigham and Women’s Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard.

Lizcano obtuvo la aprobación de una petición migratoria EB-1A en enero de 2025. El 22 de enero de 2026 asistió a su entrevista consular para culminar el proceso, pero al final recibió una notificación que dejó su caso suspendido por la nueva política aplicada a Colombia y a otros 74 países.

El documento judicial señala que el médico esperaba continuar en la Universidad de Harvard investigaciones sobre enfermedades metabólicas y distintos tipos de cáncer, incluido el de mama. También figura Juan David Buitrago Cagua, ingeniero especializado en sistemas solares fotovoltaicos y almacenamiento de energía, que reside en Lisboa, Portugal.

Buitrago obtuvo en febrero de 2024 la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional. Después viajó desde Portugal hasta Bogotá para cumplir la entrevista consular requerida y, tras completar el trámite, recibió la notificación de que la emisión de su visa quedaba suspendida.

La tercera colombiana mencionada es Mayra Alejandra Alcendra Moscote, profesional especializada en finanzas, gestión de proyectos y regulación de los sectores minero, petrolero y energético. Residente en España, consiguió la aprobación de una petición EB-2 por interés nacional en noviembre de 2023.

Su proceso acumuló retrasos iniciales por la documentación médica de su hija. Cuando resolvió ese inconveniente, la embajada de Estados Unidos le informó que no podía emitir las visas por la suspensión decretada desde Washington.

También aparece Andrés Alfonso Medina Ramírez, arquitecto especializado en gestión pública y desarrollo de infraestructura. Según el expediente judicial, al que accedió el medio citado,presentó una iniciativa para promover la construcción de viviendas sostenibles y resistentes a fenómenos climáticos para comunidades vulnerables de Estados Unidos, y su petición migratoria fue aprobada en abril de 2025.

La medida de Trump y la justificación del Gobierno

La política cuestionada suspendió la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Colombia. El Gobierno de Estados Unidos la presentó como una pausa temporal para revisar los procedimientos de evaluación y verificación de los solicitantes.

La administración de Donald Trump sostiene que la decisión busca impedir la llegada de inmigrantes que puedan convertirse en una carga para el sistema de asistencia pública. En una comunicación oficial, el Departamento de Estado afirmó que quienes proceden de esos países “a menudo se convierten en cargas públicas” y dependen de beneficios financiados por los contribuyentes.

Los demandantes rechazan ese argumento y en la querella califican esa afirmación de “infundada y demostrablemente falsa”. También recuerdan que la mayoría de quienes reciben visas de inmigrante no pueden acceder a programas de asistencia pública durante varios años después de llegar a Estados Unidos.

Según los abogados, la medida intenta restringir la inmigración legal más allá de lo autorizado por el Congreso. La demanda añade que la política revive prácticas asociadas a antiguas cuotas migratorias por origen nacional y reemplaza el examen individual de cada expediente por una prohibición general basada en la nacionalidad.

El caso, identificado como CLINIC v. Rubio, sigue su curso en tribunales federales. Ambas partes ya presentaron argumentos y hasta ahora no existe una decisión definitiva sobre la legalidad de la suspensión.