CEO de empresa colombiana habría amenazado con despedir a sus trabajadores para condicionar su voto, aseguró Alfredo Saade, embajador en Brasil

Una publicación del embajador de Brasil en Colombia, Alfredo Saade, en la red social X generó polémica tras la difusión de una carta interna atribuida al CEO Santiago Giraldo Murillo, relacionada con la empresa Centralquipo S.A.S. BIC.

Saade difundió el presunto documento acompañado de una denuncia pública en la que afirmó que dentro de la compañía “estarían amenazando con despido a trabajadores si no votan por un candidato a la presidencia”. Su mensaje, publicado en X, no presentó pruebas adicionales ni detalles sobre casos específicos.

El documento, firmado por Santiago Giraldo Murillo, está dirigido a los trabajadores de la compañía y los invita a participar en las elecciones presidenciales de manera “consciente e informada”.

En su contenido, el directivo plantea que el momento político actual es decisivo para el rumbo de Colombia y vincula ese escenario con la estabilidad y el futuro del aparato productivo.

En la carta, el empresario sostiene que las organizaciones no pueden ser ajenas al contexto nacional y que los líderes empresariales tienen la responsabilidad de expresar su visión frente a lo que consideran adecuado para el desarrollo del país. En ese sentido, defiende la importancia de un sector privado sólido como base del crecimiento económico y la generación de empleo.

Uno de los puntos más sensibles del documento es la mención explícita al abogado y figura pública Abelardo de la Espriella, cuyas propuestas son presentadas como un referente de “orden”, “seguridad jurídica” y “libertad económica”. Según la carta, ese enfoque representaría un camino favorable para la estabilidad empresarial y la protección del tejido productivo.

Aunque el texto afirma que el voto de cada trabajador es “libre y soberano”, también introduce reflexiones sobre la relación entre las decisiones políticas y la continuidad de las oportunidades laborales, lo que ha generado interpretaciones encontradas sobre el alcance del mensaje.

En la carta se plantea además que el país requiere un liderazgo firme que recupere la seguridad y fortalezca la economía, bajo la idea de que el desarrollo nacional depende de la articulación entre empresarios y trabajadores en una misma dirección.

Este planteamiento ha sido interpretado por algunos sectores como una postura empresarial dentro del debate político, mientras otros advierten posibles tensiones entre opinión institucional e influencia sobre decisiones individuales.

El CEO de Centralquipo también afirma que la empresa “nació y crece bajo la premisa de construir país” y que el futuro de la organización está ligado al entorno político y económico.

En ese sentido, invita a los colaboradores a reflexionar sobre la importancia del proceso electoral y su impacto en la estabilidad del país.

La carta concluye con un llamado a la “madurez” y el “compromiso” de los trabajadores para contribuir a la construcción de una “gran nación”, firmada por Santiago Giraldo Murillo como CEO de Centralquipo S.A.S. BIC.

No solo sería a favor de De la Espriella

Funcionarios y contratistas del Sena en Medellín denunciaron el presunto uso de correos institucionales para difundir mensajes a favor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda Castro, en hechos que, según los denunciantes, habrían ocurrido durante las últimas semanas.

De acuerdo con Teleantioquia, los trabajadores pidieron reserva de identidad por temor a represalias laborales y dijeron sentirse incómodos por la frecuencia de las comunicaciones y el contenido de algunos mensajes.

Según los denunciantes, los correos habrían llegado de manera reiterada por canales internos e incluían información, opiniones y propuestas atribuidas al candidato del sector oficialista. También mencionaron referencias a posibles cambios institucionales y mensajes dirigidos a funcionarios y contratistas de la entidad.

El abogado penalista Andrés Arteaga afirmó que el caso amerita una revisión de las autoridades competentes para establecer si existió alguna conducta que pudiera afectar la libertad de los electores o comprometer la imparcialidad exigida a los servidores públicos, según Teleantioquia.