
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, admitió que la amenaza de seguridad señalada por Estados Unidos en nueve municipios del departamento existe, pero sostuvo que está concentrada en una guerra por el microtráfico entre estructuras criminales y rechazó que esa situación derive en una estigmatización general del territorio, luego de que norteamérica sugiriera a sus ciudadanos no viajar al teritorio
En su respuesta a Blu Radio, Verano dijo que no ha hablado con la embajada sobre la alerta de viaje y pidió explicaciones formales. Al mismo tiempo, aportó un dato central sobre la violencia: el 95% de las víctimas de esos enfrentamientos, según su versión, tiene vínculos con organizaciones criminales conocidas.
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El mandatario departamental fue más allá y precisó que el 98% de las víctimas corresponde a casos de sicariato. Añadió que el 50% tenía antecedentes judiciales por delitos como homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

La declaración fijó el eje de su respuesta frente a la advertencia estadounidense: el problema, afirmó, no es una amenaza indiscriminada contra la población o los visitantes, sino una disputa localizada entre bandas por el control territorial de la venta de droga. Esa interpretación busca contener el impacto político y económico de una recomendación que alcanza a Malambo, Baranoa, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Colombia y Sabanagrande.
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Verano atribuyó la violencia a una disputa focalizada entre bandas por el microtráfico
Consultado por el medio de comunicación, sobre la advertencia para ciudadanos estadounidenses, Verano delimitó los homicidios dentro de una confrontación criminal determinada. “Lo que hay es exactamente lo que hay en otras partes de Colombia, que es una disputa por el territorio del microtráfico”.
En esa misma entrevista, el gobernador sostuvo que la persistencia del problema responde a la lógica de esa confrontación. “Si eso tampoco se soluciona, evidentemente vamos a continuar con los problemas, porque esa disputa es a sangre y fuego”.
La explicación oficial del gobernador se apoyó en una caracterización precisa de las víctimas. “El 95% de las víctimas de esos duelos tienen vínculos con estructuras criminales conocidas”.
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Ante una repregunta sobre si la amenaza existe pero está focalizada en disputas entre bandas de narcotraficantes en esos municipios, Verano confirmó ese encuadre sin matices. “Tal cual, eso es lo que está ocurriendo en este momento”.
El gobernador vinculó la alerta de norteamérica con un posible daño sobre una de las actividades económicas que el departamento busca consolidar. En Blu Radio, sostuvo que cualquier señal internacional de inseguridad afecta el turismo, un sector sobre el que, según dijo, se han volcado esfuerzos e inversiones en infraestructura.
Verano mencionó la construcción de vías y de espacios orientados a atraer visitantes, entre ellos centros gastronómicos. Bajo ese diagnóstico, advirtió que esa infraestructura podría quedar subutilizada si persiste la dificultad asociada al sicariato y a los homicidios conectados con el microtráfico.
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La tensión central quedó planteada en esos términos: el gobernador reconoce la existencia de una violencia activa en varios municipios, pero insiste en que su alcance es selectivo y ligado a organizaciones criminales. La disputa no es menor para el departamento porque la recomendación de Estados Unidos incide sobre zonas cercanas a Barranquilla, entre ellas Puerto Colombia, mencionado durante la entrevista como uno de los puntos sensibles por su ubicación.
En el tramo final de la entrevista, periodistas le consultaron al mandatrio departamental por una versión según la cual Estados Unidos habría retirado de la zona a profesores de inglés que trabajaban en colegios bilingües del Caribe. El gobernador respondió que no tenía información sobre ese asunto.
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“No, no tengo conocimiento de ese tema”, dijo Eduardo Verano.
Después de esa respuesta, en la misma transmisión radial los periodistas señalaron que el comunicado aludía al retiro de algunos funcionarios de la embajada de la zona y aclararon que, en el caso mencionado al aire, se trataba de ciudadanos que trabajaban como profesores de inglés en el Caribe.
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