
La Procuraduría General de la Nación reveló que tiene abiertos 181 expedientes relacionados con presunta participación indebida en política por parte de servidores públicos; reporte que se conoce a solo tres días de que se lleven las elecciones de segunda vuelta presidencial, programadas para el 21 de junio.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, precisó que la alarmante cifra de procesos abarca tanto indagaciones preliminares como investigaciones disciplinarias formales contra funcionarios de diversas regiones del país.
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El jefe del Ministerio Público confirmó que la gravedad de los hallazgos obligó al organismo de control a apartar de sus cargos a varios implicados de manera preventiva. De acuerdo con el balance expuesto, el uso de cargos públicos para favorecer campañas electorales provocó alertas máximas en los órganos de control.

El procurador Eljach, durante una rueda de prensa, detalló el estado de los procesos y confirmó la aplicación de medidas cautelares severas contra los servidores públicos bajo sospecha: “El dato consolidado hasta ahora: un total de 181 investigaciones entre preliminares e investigaciones disciplinarias. De esas 13 se ha ordenado la suspensión provisional del servidor público”.
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El director del organismo de control también indicó que la ciudadanía y los partidos políticos continúan reportando anomalías en las regiones a medida que se acerca el cierre de las urnas. La entidad recibió 10 nuevas quejas por presunta intervención en actividades electorales, las cuales ingresarán de inmediato a etapa de evaluación para definir si abren nuevos expedientes formales.
“Mire que, desde que iniciamos la campaña de ‘no a la indebida participación en política por servidores públicos’, el número de quejas diarias ha venido descendiendo. Cada vez son menos las quejas que llegan día a día”, afirmó el procurador Eljach.
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De acuerdo con el funcionario, las investigaciones incluyen procesos preliminares y disciplinarios, algunos de ellos acompañados por medidas cautelares. Hasta el momento, cuatro servidores públicos fueron suspendidos provisionalmente mientras avanzan las pesquisas.

El procurador explicó que uno de los principales obstáculos para avanzar en los casos ha sido la falta de material probatorio suficiente. Según señaló, muchas denuncias llegan acompañadas de videos, fotografías o audios, pero sin otros elementos que permitan sustentar disciplinariamente los hechos denunciados.
“Llegan videos, llegan fotos, llegan audios, pero sin mayor acompañamiento probatorio. Entonces eso nos implica hacer un esfuerzo adicional para recaudar la prueba, que es indispensable para poder continuar”, explicó ante los diferentes medios de comunicación.
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El jefe del Ministerio Público tampoco descarta nuevas actuaciones antes de la jornada electoral del domingo 21 de junio, de segunda vuelta presidencial, disputa entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: “No estamos a salvo de que se produzca algo antes de las elecciones”.
Pese a esto, destacó que en las últimas semanas percibió una mayor prudencia entre los funcionarios públicos frente a sus intervenciones en el debate político: “Lo que sí sentimos es que hay como una especie de precaución de los servidores públicos y se andan cuidando. Ya no están haciendo lo que se veía en la información que sucedía hace un mes y medio o dos meses atrás”.
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El proceso de la Procuraduría contra Carlos Carrillo sigue en firme
Durante su declaración ante los medios de comunicación, el procurador general se refirió de manera específica a la situación jurídica del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo.
El Ministerio Público suspendió a Carrillo después de que calificara la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella como un “proyecto abiertamente fascista”. Tras la decisión disciplinaria, el funcionario presentó su renuncia a la Ungrd y comenzó a pronunciarse públicamente sobre la contienda presidencial.
Gregorio Eljach aclaró que la salida del Gobierno no exime a los exservidores públicos de responder ante la justicia disciplinaria: “Alguno dejó de ser servidor público por renuncia aceptada; sin embargo, se está averiguando lo que sucedió entre la suspensión decretada y la aceptación de la renuncia. Allí hay un acervo probatorio bien interesante y seguramente tendrá alguna consecuencia en el proceso”.
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