La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores José Antonio Salazar Ramírez como presunto responsable de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, a raíz de supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato de pasaportes por $559.000 millones y la compra de un predio sin justificación financiera.
La Fiscalía acusa a Salazar Ramírez de emitir actos administrativos que posibilitaron la adjudicación de un contrato de expedición, almacenamiento y entrega de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, valorado en $559.000 millones, así como de adquirir un predio rural en Puerto López (Meta) por $950 millones, sin respaldo financiero suficiente.
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Según la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario habría sobrepasado sus competencias legales al revocar el acto administrativo que declaró desierta la licitación pública correspondiente y permitir la posterior adjudicación del contrato a un único proponente.
“El señor José Antonio Salazar Ramírez profirió la Resolución número 1394 de 2024, mediante la cual revocó directamente los actos administrativos que declararon desierta la Licitación Pública 001 de 2023 y resolvieron el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión. Con esta resolución, se busca retrotraer el procedimiento y permitir su posterior adjudicación”, afirmó la Fiscalía.
El organismo sostiene que Salazar Ramírez, entre agosto de 2022 y febrero de 2024, emitió las resoluciones 1394, 1395 y 1396, con fecha del 26 de febrero de 2024, que revocaron la decisión firmada por el canciller Álvaro Leyva Durán de cerrar el proceso.
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Esta actuación, según la Fiscalía, pretendía retrotraer el procedimiento y facilitar un nuevo otorgamiento del contrato, a pesar de que “revocar el acto no revive el procedimiento porque no restablece los términos ni reconstituye ofertas”.
La Fiscalía señaló que, en opinión de los investigadores, Salazar Ramírez no tenía autonomía para reabrir ni adjudicar procesos contractuales ya cerrados, dado que solo le correspondían funciones administrativas y de coordinación institucional.
“La Resolución 1394 actúa como si el procedimiento continuara vigente cuando en realidad ya estaba extinguido. Revocar el acto no revive el procedimiento, ya que no restablece los términos, no reconstruye ni reconstituye ofertas, no reactiva audiencias y no recompone ni la audiencia ni la publicidad”, afirmó la Fiscalía.
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Estas acciones, según el ente acusador, llevaron a la imputación de cargos por la supuesta extralimitación en sus funciones.
La compra del predio bajo investigación
El segundo eje de la investigación apunta a la compra de un predio rural por $950 millones de pesos (Meta), durante la gestión de Salazar Ramírez como secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Fiscalía General de la Nación informó que no se identificaron transferencias, créditos ni soportes bancarios o patrimoniales que expliquen el origen del dinero empleado para la adquisición.
El informe oficial destaca que la falta de respaldo financiero fue detectada tras la revisión de los movimientos bancarios y patrimoniales del exfuncionario. Este hecho constituye la base de la acusación por enriquecimiento ilícito de servidor público.
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La defensa y la etapa judicial
Durante la audiencia de imputación, Salazar Ramírez no aceptó los cargos que le atribuye la Fiscalía General de la Nación.
El exsecretario general enfrentará una etapa de juicio, donde podrá presentar sus pruebas y argumentaciones ante el tribunal competente. Será en este proceso judicial donde Salazar Ramírez deberá explicar el origen de los fondos y la legalidad de sus decisiones administrativas.
La fiscalía de Colombia acusa al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en el caso de los pasaportes
La Fiscalía de Colombia acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva por presunto prevaricato en el caso de los pasaportes, un proceso originado después de que declarara desierta la licitación en septiembre de 2023 y diera por terminado el contrato vigente con Thomas Greg & Sons, una decisión que derivó en cuestionamientos judiciales, disciplinarios y operativos sobre la expedición de esos documentos.
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La magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla asumió el expediente y fijó la audiencia de formulación de acusación para el 23 de abril a las 3:00 p.m., de acuerdo con la información oficial transmitida por los órganos judiciales.
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación sancionó a Leyva con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos, una decisión ratificada en segunda instancia bajo la firma del procurador general Gregorio Eljach.
La acusación fue presentada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
El ente investigador sostiene que el exministro de Relaciones Exteriores incurrió en el presunto delito de prevaricato al expedir actos administrativos contrarios a derecho durante la licitación pública del servicio de pasaportes.
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La controversia se remonta a la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de no adjudicar a Thomas Greg & Sons el contrato que durante años mantuvo para gestionar esos documentos.
Según declaraciones de Petro recogidas por Semana, el propósito era ampliar la competencia y evitar que un negocio de alto valor económico siguiera concentrado en una sola empresa.
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