El Senado de la República aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que impone capacitaciones obligatorias sobre violencias basadas en género para funcionarios públicos con el objetivo de prevenir la revictimización de mujeres y niñas durante sus denuncias y trámites ante el Estado.
La votación en la plenaria, el martes 16 de junio de 2026, terminó con 52 votos a favor y uno en contra. La decisión responde también a una medida de reparación ordenada al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual ocurrida en el 2000.
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Durante la sesión, la comunicadora colombiana agradeció a los legisladores que respaldaron la iniciativa y lo consideró como un gran paso para salvar a miles de mujeres y niñas del país.
“Esta ley salva vidas. Seguiré luchando para que lo que Jineth Bedoya tuvo que enfrentar no lo tenga que enfrentar ninguna otra mujer en este país. Mi dolor y sacrificio han sido muy grandes, pero hoy, a cada uno de los hombres y mujeres que han dado su voto positivo, les digo que ha valido la pena y que no es hora de callar”, dijo Bedoya.
La norma llega en un escenario marcado por 121 feminicidios, 30 transfeminicidios, 15.785 casos de violencia intrafamiliar y 16.947 casos de violencia sexual reportados por la Fiscalía en el año 2025.
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Del mismo modo, la Procuraduría General de la Nación indicó que el 92% de las quejas por acoso laboral con componente de género no llega a pliego de cargos. La misma fuente señaló que el 88% de los procesos por acoso termina archivado sin sanción.
Polémica en la sesión
Antes de su aprobación, se registró un momento que generó incomodidad en el Senado. La congresista Karina Espinosa (Partido Liberal) presentó ocho proposiciones para modificar el proyecto al considerar que estaba relacionado con la supuesta “ideología de género”.
“Para nadie es un secreto que ONU Mujeres y la Corte IDH nos quieren imponer la Agenda 2030 y la agenda de género”, indicó la senadora durante la sesión.
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A esa postura se opusieron las congresistas Aída Avella, Martha Peralta, Isabel Cristina Zuleta, Aida Quilcué (Pacto Histórico) y Norma Hurtado (ponente del proyecto de ley), quienes argumentaron que Colombia ha ratificado compromisos internacionales para erradicar las violencias basadas en género, que esa supuesta ideología no existe y que bloquear la medida agregaba nuevas barreras para las víctimas.
De hecho, la misma periodista sostuvo que la postura de Espinosa se consideraría como una nueva revictimización en su contra. “Ella no se imagina lo que es pararse aquí, delante de ustedes, después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido. Soy una mujer sobreviviente y hoy todavía estoy amenazada”, respondió Bedoya.
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Ante esta situación, las proposiciones no fueron avaladas por las mayorías de la plenaria del Senado.
Detalles de la iniciativa
Uno de los puntos centrales de la normativa es que el Estado colombiano deberá capacitar a quienes reciben, tramitan, investigan o acompañan denuncias de violencias basadas en género para evitar que las víctimas vuelvan a ser agredidas por las instituciones.
También prevé mecanismos de seguimiento para verificar que esos conocimientos se reflejen en la actuación institucional.
“Esta ley orienta a que todo el Estado colombiano debe capacitarse buscando un solo y gran objetivo, el no revictimizar, el no hacer que la víctima repita una y mil veces la situación presentada, como le tocó a Jineth Bedoya que fueron 13 veces las que estuvo en diferentes instancias del Estado colombiano contando la misma historia, incluso frente a los victimarios. Evitar la revictimización de las mujeres es el gran objetivo de esta ley”, explicó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), ponente de la normativa.
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La iniciativa establece también revisiones periódicas para verificar el cumplimiento de la formación, que cobijará a funcionarios de carrera administrativa, contratistas y particulares.
Tras superar sus cuatro debates en el legislativo, el proyecto quedó a la espera de la sanción del presidente Gustavo Petro para su entrada en vigor.
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