Defensa de estadounidense en caso de presunto abuso sexual en Bogotá anuncia demanda por difusión de videos tras su liberación por falta de pruebas

La defensa del ciudadano estadounidense Grant Gail anunció que emprenderá acciones legales contra las personas que grabaron y difundieron los videos que originaron la polémica en un edificio del norte de Bogotá, un caso que terminó con su libertad tras descartarse indicios de abuso o violencia contra tres menores de edad.

El episodio se originó cuando vecinos del conjunto residencial reportaron una escena en un balcón que interpretaron como sospechosa y difundieron grabaciones en redes sociales, lo que llevó a la intervención de autoridades y a la apertura de una investigación preliminar.

El abogado Fabio Humar, en declaraciones entregadas a medios como Minuto60, habría afirmado que los responsables de la grabación y la viralización del material podrían enfrentar denuncias por presunto falso testimonio y fraude procesal.

Según su presunto planteamiento, la difusión de los videos habría contribuido a una interpretación errónea de los hechos y a la apertura de una investigación que, con el avance de las pruebas forenses, no encontró respaldo en evidencia médica ni en los testimonios de los menores.

Humar sostuvo ante el medio citado que el caso generó un impacto reputacional grave sobre su defendido y su familia, al punto de afectar un proceso de adopción internacional que venía desarrollándose desde hacía cerca de tres años.

En esa línea, habría señalado que se evaluará la presentación de acciones penales para determinar si hubo una conducta irregular por parte de quienes grabaron desde el exterior del edificio y difundieron las imágenes en redes sociales, lo que activó la intervención de autoridades judiciales y administrativas.

De acuerdo con lo expuesto, la estrategia de la defensa se centrará en establecer si existió manipulación o tergiversación de la información visual que circuló públicamente y que motivó la intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La defensa también evalúa si la difusión masiva del contenido pudo afectar el debido proceso y la presunción de inocencia del ciudadano extranjero.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió al caso como un ejemplo del impacto de la desinformación en redes sociales. El funcionario advirtió que la rápida circulación de contenidos sin verificación puede generar reacciones institucionales y sociales desproporcionadas frente a hechos que aún no han sido esclarecidos.

Sánchez afirmó que “esta amenaza tiene que ver con la desinformación que viaja muy rápido en las redes sociales, viaja más rápido que la verdad, que produce de alguna manera una paranoia colectiva”. Sus declaraciones se produjeron luego de que las autoridades confirmaran que los exámenes médicos y las valoraciones forenses no encontraron evidencia de abuso sexual ni de violencia física contra los tres menores involucrados en el caso.

El ministro insistió en que este tipo de situaciones obliga a fortalecer los mecanismos de verificación antes de la difusión masiva de contenidos sensibles, especialmente cuando involucran a niños, niñas y adolescentes, y cuando pueden derivar en señalamientos públicos de alto impacto.

El caso tuvo origen el pasado 14 de junio en un conjunto residencial del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Vecinos del edificio reportaron una escena en un balcón que interpretaron como sospechosa, lo que llevó a la presencia de varias autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Icbf..

Posteriormente, el ciudadano estadounidense fue capturado inicialmente por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Sin embargo, tras la valoración de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el análisis de los testimonios de los menores, la autoridad judicial ordenó su libertad al no existir elementos suficientes que sostuvieran la imputación.

Según la directora del Icbf, Astrid Cáceres, el proceso de adopción internacional que adelantaba la pareja se encuentra actualmente “congelado” debido al impacto del episodio y a la revisión institucional del caso. La funcionaria explicó que la pareja estaba en la fase final del proceso, correspondiente a los últimos días antes de la declaratoria judicial de adopción.

En el desarrollo de la investigación preliminar, los tres hermanos involucrados fueron trasladados a un hogar de protección del Icbf, donde han recibido acompañamiento psicosocial y evaluaciones médicas y psicológicas por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte. Las autoridades han insistido en la protección de la identidad de los menores y han solicitado evitar la difusión de los videos originales.

El director de la Policía, general William Rincón, explicó que la intervención se dio tras llamados de la comunidad y la presencia de aproximadamente 200 personas en el lugar. Indicó que la actuación policial respondió al protocolo establecido para casos relacionados con posibles vulneraciones a menores de edad.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló que las imágenes difundidas inicialmente “engañaron a los colombianos” y sostuvo que, según la información verificada posteriormente, el adulto se encontraba auxiliando al menor durante un episodio de atragantamiento o alteración emocional.