Revelan que solo 139 contratistas concentran 436 contratos de servicios por $19.200 millones del Distrito en Bogotá en 2026

Un análisis presentado por el concejal Samir Bedoya Piraquive, del partido Mira, reveló que 139 contratistas han acumulado simultáneamente 436 contratos de prestación de servicios con entidades del Distrito en lo corrido de 2026, por un valor superior a $19.200 millones.

Según información oficial de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, cada uno de estos contratistas acumula, en promedio, 3,14 contratos. El informe destaca que 126 personas tienen tres contratos simultáneos, 10 alcanzan cuatro contratos y tres personas suman hasta seis contratos cada una, por montos que, en algunos casos, superan los $440 millones por persona.

El concejal Bedoya Piraquive cuestionó la falta de mecanismos efectivos de verificación sobre la capacidad real de los contratistas para cumplir, de manera simultánea, con todas sus obligaciones. “La pregunta de fondo no es sólo cuántos contratos hay, sino quién verifica que una persona con tres, cuatro o hasta seis contratos simultáneos pueda cumplir efectivamente todos los objetos contractuales, productos, tiempos y obligaciones pactadas”, señaló.

Concentración que excluye a otros profesionales

La denuncia advirtió que la acumulación de contratos en un grupo reducido de personas limita el acceso de miles de profesionales y técnicos al sector público. “Mientras unos pocos acumulan tres, cuatro y hasta seis contratos, los 436 contratos en manos de 139 personas podrían haber representado oportunidades de ingreso para cerca de 300 contratistas adicionales”, resaltó Bedoya.

El fenómeno alimentó la percepción de falta de meritocracia y transparencia en el acceso a contratos estatales, en un contexto donde muchos bogotanos buscan vinculación sin éxito. El informe detalló que los diez mayores valores contratados concentran el 17,2% del total de recursos, lo que evidenció una tendencia hacia la concentración de grandes sumas en un puñado de beneficiarios.

“Aquí la pregunta es si se trata de un privilegio. ¿Quién verifica que estas personas puedan cumplir, al mismo tiempo, todas las obligaciones que firmaron?”, insistió el cabildante.

Otro dato relevante es el incremento en la contratación anual por prestación de servicios (OPS) en el distrito. Según las cifras, los contratos pasaron de 665 en 2023 a 1.223 en 2024, el primer año de la actual administración, y a 1.111 en 2025, cuando el valor contratado alcanzó $76.858 millones, la cifra más alta en una década. En lo corrido de 2026, ya se han firmado contratos por $42.243 millones.

El promedio por contratista en 2026 es de $138 millones, lo que multiplica las dudas sobre la distribución y el seguimiento a las cargas laborales y la calidad de los servicios contratados.

Modalidades y controles en la contratación pública

En Bogotá, los contratos públicos se asignan bajo la Ley 80 de 1993 y las normas vigentes, gestionándose a través de la plataforma Secop II. Las modalidades más utilizadas incluyen la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos, la contratación directa y la mínima cuantía. En teoría, todos los procesos y documentos técnicos son públicos y pueden ser consultados por la ciudadanía, lo que permite un seguimiento a los recursos invertidos y a los contratistas seleccionados.

Sin embargo, el análisis del cabildante pone en duda la efectividad de los controles reales en la operatividad del sistema, especialmente en los contratos de prestación de servicios, donde no existe límite legal para la acumulación y la supervisión efectiva del cumplimiento depende, en gran parte, de los supervisores designados por cada entidad.

Al consultar a la Secretaría General sobre las acciones de control, la entidad indicó que cada proceso contractual, antes de firmarse, debe contar con una certificación de la Unidad de Talento Humano, que verifica la inexistencia o insuficiencia de personal de planta para la función. Sin embargo, Bedoya adviertió que dichos controles resultan insuficientes: “Nadie verifica el cumplimiento”, enfatizó.

Solicitudes de control y meritocracia

Frente a este panorama, el concejal Bedoya Piraquive exigió a la Administración distrital responder con datos y soportes a varias inquietudes: qué entidades concentran el mayor número de contratos simultáneos; cuántos corresponden a actividades permanentes; qué controles aplican los supervisores antes de certificar cumplimiento; y cuándo contará Bogotá con una herramienta de cruce de información contractual entre entidades distritales y nacionales.

El cabildante insistió en la necesidad de cubrir las funciones permanentes mediante concursos de mérito y no por contratos temporales, para así fomentar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el acceso al empleo público. “La Administración debería fomentar la provisión de la planta de personal, garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia para ser nombrado en un empleo público, y abanderar la vinculación del talento humano con transparencia y, como hemos insistido, con el buen manejo de los recursos. Bogotá no puede seguir concentrando contratos en pocas manos mientras miles de profesionales esperan una oportunidad”, concluyó Bedoya.

En su respuesta a las solicitudes de información, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá remitió un archivo con el detalle de los contratos de prestación de servicios suscritos entre 2016 y 2026. La entidad aclaró que los contratos financiados con recursos de inversión se destinan a actividades temporales asociadas a metas y proyectos, mientras que los de funcionamiento buscan cubrir necesidades de apoyo a la gestión. Cada proceso, según la administración, cuenta con estudios previos, certificaciones y justificaciones técnicas, jurídicas y financieras, todos publicados en Secop II.

Además, la Secretaría General enfatizó que la contratación por prestación de servicios solo procede cuando se certifica la insuficiencia de personal de planta y que cada caso se evalúa según criterios de oportunidad, especialidad y temporalidad.