Colectivo de abogados calificaron de “regresiva” la propuesta de la campaña de Abelardo de la Espriella de eliminar impuestos saludables

El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) manifestó su rechazo a la propuesta planteada por José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, de eliminar los llamados impuestos saludables en caso de llegar a la Presidencia de la República.

La organización sostuvo que esta iniciativa representa una medida “regresiva” y advirtió que podría poner en riesgo avances alcanzados en materia de salud pública.

A través de un comunicado divulgado el 11 de junio de 2026, Cajar afirmó que los impuestos aplicados a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados cuentan con respaldo técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), debido a sus efectos en la reducción del consumo de productos considerados nocivos para la salud, la prevención de enfermedades no transmisibles y la generación de recursos para políticas sociales.

El pronunciamiento surgió luego de las declaraciones entregadas por José Manuel Restrepo a Caracol Radio, en las que aseguró que, de llegar a la Presidencia junto con Abelardo de la Espriella, eliminarían los impuestos saludables. “Muy poco tiene de saludable. Hay que eliminarlo. Eso no tiene ninguna presentación. ¿Quién dijo que un impuesto es un mecanismo a través del cual usted define el consumo de una persona? Las personas deben definir qué es lo que quieren consumir libremente”, afirmó Restrepo durante la entrevista.

Posteriormente, el exministro reiteró esa posición al señalar: “Ese es un impuesto que terminaron poniendo por una razón puramente ideológica. Ninguna otra razón tiene”.

Cajar pidió mantener el debate en términos de salud pública

Frente a estas declaraciones, la abogada de Cajar y vocera de la campaña “Dulce Veneno: el antídoto es la verdad”, Yessika Hoyos Morales, pidió que la discusión se mantenga en el ámbito de la salud pública y los derechos humanos.

“Pido mantener esta discusión en clave de salud pública y derechos humanos y no elevarlo a la contienda electoral, desmontar el impuesto saludable desconoce los avances documentados en salud pública y reducción del consumo de bebidas que son perjudiciales para la salud”, señaló.

Según la jurista, 74 países han adoptado políticas públicas alineadas con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar problemáticas asociadas al consumo de productos con altos contenidos de azúcar y otros componentes relacionados con enfermedades no transmisibles.

De acuerdo con Cajar, la experiencia internacional muestra que este tipo de medidas busca reducir riesgos sanitarios y fortalecer la capacidad de los Estados para financiar programas sociales y de salud.

La organización también citó un informe reciente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), según el cual, después de la implementación de los impuestos saludables en Colombia en 2023, el consumo diario de bebidas azucaradas presentó reducciones en distintos grupos poblacionales.

Según el documento mencionado por Cajar, entre los jóvenes de 12 a 28 años el consumo pasó de 24,6% en 2022 a 22,6% en 2024. En el caso de los adultos entre 29 y 44 años, la reducción fue de 24,9% a 19,2% durante el mismo periodo.

Para la organización, estos resultados evidencian que la medida tiene efectos directos sobre el derecho a la salud y la prevención de enfermedades asociadas al consumo de bebidas azucaradas. “Defender el impuesto saludable es defender la vida, la salud y los derechos de niñas, niños y adolescentes. La evidencia internacional demuestra que estas medidas sí funcionan: reducen el consumo de productos nocivos, incentivan cambios en la industria y permiten que los Estados cuenten con más recursos para atender necesidades sociales urgentes”, agregó Hoyos Morales.

Datos sobre recaudo y efectos en la población

Otro de los aspectos destacados por Cajar fue el comportamiento del recaudo derivado de estos impuestos. Con base en cifras de la Anif, la organización indicó que a mayo de 2025 el recaudo por concepto de impuestos saludables alcanzó los 1,6 billones de pesos. Esa cifra, según el informe citado, equivale al 1,3% del recaudo total y representa un incremento del 23% frente al mismo periodo del año anterior.

En ese contexto, la organización sostuvo que el debate alrededor de estos gravámenes no puede limitarse exclusivamente a consideraciones tributarias. “Desde Cajar insistimos en que la política fiscal también debe leerse desde un enfoque de derechos humanos. Cuando un Estado adopta medidas para desincentivar el consumo de bebidas azucaradas y proteger a la niñez frente a entornos alimentarios perjudiciales, está cumpliendo con su obligación de garantía del derecho a la salud y de protección reforzada de la infancia”, afirmó Hoyos Morales.

Además, según la OMS, un impuesto que incremente en 20% el precio de estas bebidas puede generar una reducción proporcional en su consumo y fortalecer simultáneamente la capacidad fiscal de los Estados.

Finalmente, Cajar señaló que, a la luz de la evidencia presentada por la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, cualquier iniciativa encaminada a desmontar los impuestos saludables desconoce los avances documentados en reducción del consumo, salud pública y recaudo fiscal. Asimismo, insistió en que la discusión debe desarrollarse con base en evidencia y en la protección del interés general.