Millonarios contratos para alimentar niños en La Guajira quedaron en manos de impulsor de la constituyente de Petro: denuncian ejecución ‘politizada’

En la Alta Guajira, comunidades indígenas denuncian que miles de niños permanecen sin acceso a alimentación, mientras una asociación vinculada al clan Wouyurí Valbuena sostendría el control de los contratos más cuantiosos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la región.

La creación de la Entidad Territorial Indígena (ETI) Wuinpumüin permitió que esta familia administre, sin intermediación de la Alcaldía ni la Gobernación, recursos proyectados en 64.512 millones de pesos para 2026. El territorio abarca más de 250 mil hectáreas y nueve corregimientos, según documentos oficiales.

Según una investigación publicada por El Colombiano, las denuncias recientes apuntan a que la entrega de ayudas alimentarias se utilizaría como herramienta de control político. Diversos testimonios recogidos en terreno señalan que las comunidades críticas al liderazgo de los Valbuena habrían sido excluidas de los beneficios y que el acceso de operadores independientes se encontraría bloqueado por exigencias administrativas impuestas por la ETI.

En zonas como Taroa, Guarepá y Tahuaira, líderes comunitarios relataron que más de 5.000 niños habrían quedado sin atención alimentaria durante varios meses. La ciudadana Yelice García denunció al medio que en su zona hay al menos 3.000 menores sin cobertura, mientras que María González y Ronaire González reportaron situaciones similares con cifras de 1.200 a 1.400 niños afectados en otros corregimientos.

Las denunciantes firmaron que la imposición de un “mando unificado” viola la autonomía tradicional de los clanes wayúu.

El funcionamiento de la red de contratación quedó al descubierto tras filtrarse mensajes de un grupo de WhatsApp llamado “OPERADORES 2026”. En este espacio, se coordinan reuniones y directrices que, según fuentes internas, evidenciarían la omisión de protocolos de consulta con autoridades ancestrales para favorecer el modelo impuesto por la ETI.

Las comunidades acusan al Icbf y a la directora Astrid Cáceres de, presuntamente, priorizar decretos administrativos sobre la autonomía indígena, forzando a los clanes a obtener avales firmados por Custodio Valbuena, hermano de Armando Wouyurí Valbuena, uno de los promotores de la constituyente de Gustavo Petro, para permitir la entrada de cualquier operador. Esta situación, según los denunciantes, ha dejado a miles de niños sin acceso a alimentación básica durante largos periodos.

Contratación, pagos y falta de supervisión efectiva

Entre 2023 y 2026, la Asociación Wayúu Araurayu, gestionada por miembros del clan Valbuena, firmó contratos con el Icbf que superan los 20 mil millones de pesos. Un contrato específico, suscrito el 16 de febrero de 2026 por 409 millones de pesos, fue firmado por Rafael Iguarán, aunque registros oficiales indican que Custodio Valbuena figura como representante legal suplente desde 2015.

El mecanismo de supervisión ha sido cuestionado, ya que los informes positivos emitidos por la funcionaria Gloria María Barliza Uriana se basan en fotos y listados digitales, sin corroborar denuncias de las comunidades sobre incumplimientos. Esta práctica habría permitido que se certificara el cumplimiento en nutrición, pese a reportes locales de desnutrición y falta de agua potable.

En julio de 2026, el Icbf descontó 22 millones de pesos del pago a la asociación al admitir que no se ejecutó el servicio de agua potable y que la atención comenzó tarde. Los pagos realizados hasta esa fecha suman 180 millones de pesos, distribuidos en tres desembolsos certificados por etapas de alistamiento y ejecución.

Asimismo, las denuncias recogidas por líderes wayúu sostienen que los recursos para la infancia habrían sido utilizados para fortalecer el control político de la familia Valbuena en la región. Los testimonios coinciden en que las ayudas solo se entregan a quienes respaldan su liderazgo o la creación de la ETI.

Consultado por las acusaciones, Custodio Valbuena eludió detalles sobre la contratación y afirmó desconocer la situación específica en Manaure, atribuyendo los problemas a una política estatal “que desde hace 30 años no se ha podido”. Además, negó la participación de su hermana Taidé en la administración de la asociación.