Amenazas de grupos armados para influir en la intención de voto confirmó el Ministerio de Defensa: el comandante de las Fuerzas Militares anunció medidas especiales

La recta final de la campaña presidencial en Colombia se vive bajo una tensa vigilancia en el departamento de Caquetá, donde la población y líderes religiosos han denunciado amenazas directas por parte de grupos armados ilegales.

La gravedad de la situación fue confirmada por el gobernador Luis Francisco Ruiz, quien expuso la presión ejercida sobre los votantes en varios municipios clave. “La situación está desbordada de la manera tan descarada como los actores criminales ejercen presión sobre las comunidades”, dijo en Noticias RCN.

El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, detalló la respuesta estatal durante la octava sesión de Paz Electoral: “Las autoridades regionales ya están enteradas de esta situación. La fuerza pública está orientada y ordenada para proteger a quien quiera vulnerar a la población civil”, enfatizó.

Esta declaración encabeza el compromiso oficial de garantizar la seguridad y el desarrollo normal del proceso democrático en la región.

Durante la segunda semana del mes de junio de 2026, la estructura armada Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias Calarcá, ha intensificado mecanismos de intimidación en zonas como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua.

Las denuncias apuntan a intentos de condicionar el sentido del voto mediante amenazas y acciones directas sobre la sociedad civil.

Medidas especiales

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, en Caquetá se han reforzado tanto las medidas preventivas como los operativos de seguridad en municipios considerados vulnerables a la presión armada.

Las autoridades han desplegado tropas con instrucciones claras para neutralizar cualquier intento de intimidación y proteger la libre decisión de los votantes.

El general López explicó que las Fuerzas Militares trabajan coordinadamente con entidades locales y regionales en el marco del Plan Democracia, sumando esfuerzos para evitar que la violencia altere la jornada electoral. Parte de las medidas adoptadas se concentra en el control del uso de teléfonos celulares dentro de los puestos de votación.

Sobre esta restricción, el comandante militar precisó que “aunque los ciudadanos pueden utilizar sus dispositivos para mostrar la cédula digital, está prohibido emplear la cámara para tomar fotografías dentro de los puestos y mesas de votación”.

El control sobre los dispositivos móviles busca impedir que los grupos armados ejerzan vigilancia o presión sobre los electores en tiempo real, afectando la transparencia del proceso.

De acuerdo con el general López, “hemos tomado una serie de medidas, las tropas están enteradas y esperamos que con la ayuda de las autoridades regionales y locales podamos contrarrestar esa acción, que claramente es un delito”.

Además, el alto oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie ante posibles casos de compra y venta de votos: “El que tenga información de eso, por favor, nos la suministre, como lo hicimos en las primeras elecciones del 8 de marzo, donde se logró contraatacar esa acción y tener unas cautelaciones de dinero y unas capturas claramente. Entonces, invitamos a la población a que tenga información puntual, por favor, la suministre”.

¿Qué dijo el gobernador del Meta?

Las prácticas de intimidación electoral en Caquetá han tomado un cariz más severo, según denunció el gobernador Arnulfo Ruiz. El funcionario reveló que las disidencias armadas exigen a los votantes que fotografíen el tarjetón marcado y entreguen la imagen como prueba de obediencia, una acción destinada a identificar y sancionar a quienes no sigan sus directrices.

La tensión y el miedo no se limitan al ámbito político. Ruiz relató la preocupación de líderes cristianos, quienes recibieron llamadas nocturnas por temor a represalias, y señaló que los grupos ilegales ahora exigen listados de feligreses “bajo sospecha de desobediencia política”. El gobernador detalló: “Anoche, tipo 11:30 de la noche, me llamaron unos líderes religiosos bastante preocupados”.

Las amenazas han escalado en las últimas semanas: inicialmente, quienes desobedecían la orden de votar por el candidato impuesto debían enfrentar multas de hasta 2 millones de pesos. Sin embargo, la presión es ahora más radical; según la Gobernación, aquellos que sean identificados como votantes de otro candidato “tendrán que abandonar la región”.