La SIC le formuló cargos a Bavaria por incumplir la libre competencia en el mercado cervecero colombiano: de qué se trataría la infracción

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló un pliego de cargos contra Bavaria por el presunto incumplimiento de los compromisos que la cervecera había asumido en 2022 para cerrar de manera anticipada una investigación sobre restricciones a la libre competencia en el mercado colombiano de la cerveza.

La decisión, comunicada el 10 de junio de 2026, responde a evidencias recopiladas por la autoridad de competencia, que indicarían que Bavaria mantuvo o aplicó prácticas comerciales contrarias a lo pactado con la entidad. Entre estas conductas figuran exclusividades no reportadas, relaciones de preferencia prohibidas y penalidades relacionadas con el uso de equipos de refrigeración.

El caso tiene raíz en una investigación previa que planteó si la compañia ejecutó una estrategia para limitar el acceso o crecimiento de competidores en el sector cervecero. Según la Superintendencia, el eje de esa pesquisa fue el uso aumentado de cláusulas de exclusividad con establecimientos comerciales, lo que habría restringido la variedad de marcas y opciones para los consumidores en términos de oferta y precios.

A mediados de 2022, la compañía aceptó compromisos exigidos por la autoridad para cerrar ese expediente. Entre las condiciones, se encontraba eliminar cláusulas de preferencia, reducir las exclusividades de manera significativa y flexibilizar los acuerdos con bares, restaurantes y tiendas.

Sin embargo, tras el cierre del caso, la Superintendencia empezó a recibir reportes y denuncias sobre incumplimientos. Un actor clave en esta fase fue Central Cervecera de Colombia, que aportó registros detallados de visitas a locales comerciales en varias regiones del país.

La documentación incluye listados individualizados de comercios, observaciones en el terreno y la descripción de acuerdos con Bavaria que entrarían en conflicto con las garantías aceptadas.

Las acciones de la Superintendencia incluyeron más de 100 visitas administrativas a puntos de venta en Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja. Además, se solicitaron explicaciones a diversos actores del sector y se tomaron declaraciones a personas con conocimiento de los hechos. Este conjunto probatorio permitió a la entidad concluir que existen bases sólidas para abrir un proceso sancionatorio.

La evidencia apunta a la existencia de contratos de patrocinio en los que Bavaria habría incluido condiciones comerciales prohibidas bajo los compromisos de 2022. Según la acusación, se identificaron exclusividades no formalizadas ni notificadas, preferencias de compra prohibidas, ventas atadas a condiciones accesorias, penalizaciones por el uso de equipos de frío y exigencias de compras mínimas.

Para la Delegatura de Competencia, estas actuaciones, lejos de fomentar la competencia, habrían perpetuado mecanismos orientados a restringir la capacidad de los comercios para ofrecer cervezas de marcas rivales. El efecto sería la limitación de la presencia y el desarrollo de otras empresas en los puntos de venta, manteniendo la supremacía de Bavaria.

Si la investigación concluye con un hallazgo de responsabilidad, la multinacional podría enfrentar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según el comunicado de la Superintendencia, el proceso también tiene un impacto institucional para el sector: “Esta decisión constituye un llamado a las empresas que han asumido obligaciones en el marco de garantías, medidas cautelares, órdenes administrativas y condicionamientos en integraciones empresariales a honrar los compromisos asumidos previamente con la autoridad de competencia.”

A partir de la publicación de la resolución, terceros interesados pueden intervenir en el proceso conforme al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 y las disposiciones señaladas en el documento oficial.

El inicio del proceso sancionatorio contra Bavaria marca un precedente relevante en la vigilancia de los compromisos adquiridos por las empresas en casos de competencia. La actuación de la autoridad refuerza la exigencia de transparencia y cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas para preservar la libre competencia en el mercado cervecero colombiano.