
Uno de los casos que más ha dado de qué hablar en la prensa española fue la decisión que resolvió la Audiencia Nacional al fallar a favor del derecho de un ciudadano colombiano a obtener una cita previa para formalizar su solicitud de asilo en España.
Esta determinación se tomó luego de que el connacional demostró que, durante un año y cinco meses, intentó realizarla sin éxito luego de acceder al procedimiento a través de los canales oficiales.
El fallo del alto tribunal español sienta un precedente relevante para quienes enfrentan barreras administrativas al pedir protección internacional, y de paso responde a un problema señalado insistentemente por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), colectivos migrantes y entidades como el Defensor del Pueblo.
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Según la sentencia, y a la que tuvo acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que la “actuación de la Administración no resulta compatible con un acceso efectivo, sencillo y rápido al procedimiento de protección internacional”, tal como exigen tanto la normativa nacional como la europea.

Los desafíos de los colombianos y migrantes que buscan una nueva oportunidad en España
Los obstáculos que enfrentan personas que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países han sido denunciados de forma reiterada por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), así como por el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía Española.
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En este caso, el solicitante colombiano aportó pruebas de su persistencia: desde mayo de 2022 hasta marzo de 2023 intentó reiteradamente conseguir una cita a través de la sede electrónica, sin obtener respuesta positiva.
El drama del connacional siguió extendiéndose: desde abril hasta octubre de 2023, realizó múltiples llamadas al número oficial habilitado para este trámite, también sin éxito.
Al no lograr avanzar en su trámite obligatorio, el migrante colombiano presentó una incidencia ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, así como quejas ante el Defensor del Pueblo, comunicó la situación al ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) e interpuso un recurso ante la justicia.
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La Sala, tras analizar capturas de pantalla y demás pruebas que acreditan la denegación reiterada de las citas, señaló como “acreditada” la voluntad del ciudadano de solicitar protección internacional y el “acto presunto denegatorio de la cita solicitada”, que le impidió iniciar formalmente el procedimiento, añade el documento oficial.
La importancia de este reconocimiento radica en que, una vez presentada la solicitud de asilo, transcurridos seis meses, el solicitante queda autorizado a trabajar en España mientras espera una respuesta administrativa.
Para el alto tribunal, la negativa a conceder la cita vulnera la ley española de asilo, que reconoce el derecho de acceso al procedimiento de protección internacional, así como la directiva europea que impone a las administraciones la obligación de garantizar dicho acceso.
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Por todo lo anterior, la Audiencia Nacional estimó el recurso del ciudadano colombiano y le reconoce el derecho a obtener una cita previa lo antes posible, “con los efectos legales inherentes a esta declaración”, menciona el fallo.
Un precedente que puede abrir la puerta a otros solicitantes
La resolución es resultado del acompañamiento jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), cuyo equipo asesoró al migrante colombiano durante todo el proceso.
Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de Cear, señaló a la misma agencia que el caso refleja la desesperación de quienes encuentran barreras para acceder a la protección internacional y que, aunque el afectado optó por otras alternativas ante la imposibilidad de obtener cita, Cear continuó el procedimiento para lograr un pronunciamiento judicial que pueda beneficiar a otras personas en situaciones similares.
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Según Muñoz, esta es la cuarta sentencia de este tipo emitida en España, y cobra especial importancia a pocos días de la entrada en vigor, el 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que establecerá plazos aún más estrictos para tramitar solicitudes de asilo en la Unión Europea.
La funcionaria reconoció una “cierta mejora” reciente en el acceso a citas, atribuida en parte a la reducción de llegadas irregulares por mar, aunque advirtió que los plazos actuales de la administración siguen lejos de los que exige el nuevo marco normativo europeo.
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