Jóvenes privados de la libertad podrán presentar la prueba Saber 11: esto dijo la Corte Suprema de Justicia

La Corte Constitucional envió un mensaje claro a las autoridades educativas y a las entidades encargadas de la atención de adolescentes privados de la libertad: ningún requisito administrativo puede convertirse en una barrera para el acceso a la educación.

Así lo dejó establecido en la sentencia T-151 de 2026, en la que analizó el caso de diez jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa) que enfrentaron dificultades para presentar las Pruebas Saber 11.

Aunque la Corte declaró que existía una “carencia actual de objeto” porque el examen finalmente fue realizado dentro del centro de reclusión en septiembre de 2025, aprovechó la revisión del caso para fijar una posición sobre la obligación de garantizar este derecho fundamental.

La controversia comenzó cuando una defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) solicitó que los jóvenes presentaran el examen estatal dentro del centro donde se encontraban privados de la libertad.

Sin embargo, inicialmente fueron asignados a sedes externas, entre colegios y universidades, lo que generó preocupación por las dificultades logísticas y de seguridad para trasladarlos.

La funcionaria consideró que esa decisión se convertía en una barrera para el acceso a la educación, pues la presentación de las Pruebas Saber 11 es un requisito clave para continuar estudios superiores y avanzar en los proyectos de vida de los adolescentes.

Durante el proceso, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) explicó que la solicitud para aplicar el examen dentro del centro de reclusión había sido presentada fuera de los plazos establecidos.

Además, señaló que al momento de la inscripción no se había registrado adecuadamente la condición de personas privadas de la libertad, situación que llevó al sistema a asignar sedes externas de manera automática.

Esa explicación fue aceptada tanto en primera como en segunda instancia, donde los jueces concluyeron que la entidad había actuado conforme a las reglas vigentes y dentro de los procedimientos establecidos.

Sin embargo, mientras avanzaba la revisión constitucional, la situación cambió. El Icfes y la institución educativa involucrada informaron que, debido a problemas de orden público y a nuevas solicitudes presentadas por las autoridades responsables, el examen fue reprogramado y finalmente aplicado dentro del centro de reclusión.

Ante ese escenario, la Corte concluyó que la pretensión principal de la tutela ya había sido satisfecha y que no era necesario emitir una orden específica para garantizar la presentación de la prueba. No obstante, decidió pronunciarse sobre el fondo del asunto debido a su relevancia para la protección de los derechos de los adolescentes.

En la sentencia, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, el alto tribunal recordó que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene una finalidad pedagógica, protectora y restaurativa. Por esa razón, la educación debe mantenerse como una garantía esencial incluso cuando una persona se encuentra privada de la libertad.

La Corte enfatizó que las Pruebas Saber 11 tienen una importancia especial para esta población porque representan una puerta de acceso a nuevas oportunidades educativas y laborales.

Según el fallo, impedir o dificultar su presentación puede limitar el ingreso a la educación superior y afectar los procesos de inclusión social una vez los jóvenes culminen sus sanciones.

Además, el tribunal señaló que el derecho a la educación en contextos de privación de la libertad debe cumplir criterios de accesibilidad, calidad, pertinencia y flexibilidad. Esto significa que las autoridades tienen la obligación de adaptar los procedimientos cuando sea necesario para garantizar el acceso efectivo al servicio educativo.

Uno de los puntos más importantes de la decisión fue la advertencia sobre el uso del principio de corresponsabilidad. La Corte sostuvo que las entidades no pueden trasladar a los adolescentes las consecuencias de errores administrativos o de falta de coordinación entre instituciones.

En ese sentido, advirtió al Icfes, a la institución educativa involucrada y al Centro de Formación Juvenil Uno que deben actuar de manera articulada para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

También recordó que no es válido utilizar requisitos administrativos como argumento para negar o dificultar la prestación de servicios que están relacionados con derechos fundamentales.

El tribunal agregó que asignar sedes externas sin tener en cuenta la condición de privación de la libertad puede profundizar las desigualdades que enfrentan estos jóvenes y afectar sus posibilidades de continuar estudiando.