Los problemas que trae el reclutamiento de mercernarios colombianos para guerras en el exterior: esto dice experto de las Naciones Unidas

La preocupación por el incremento del mercenarismo entre colombianos se ha intensificado tras la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el reclutamiento y las recientes alertas de Andrés Macías, profesor universitario y miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Mercenarios.

El experto advierte que el Estado colombiano aún carece de mecanismos para enfrentar la captación de exmilitares y ciudadanos en conflictos armados fuera del país, fenómeno visible en escenarios como la guerra entre Rusia y Ucrania, según informó el diario colombiano El Tiempo.

Macías señala que, aunque Colombia se incorporó a la Convención en marzo de este año, persisten vacíos regulatorios importantes. Para Macías, la ausencia de leyes claras y la falta de un delito específico de mercenarismo dificultan la prevención y sanción de estas prácticas, mientras aumenta el riesgo tanto para los derechos humanos como para la imagen internacional del país.

“El Estado aún tiene una deuda en materia de regulación, supervisión y protección frente a un fenómeno que cada vez involucra a más colombianos”, afirmó Macías.

Según explicó, la falta de normativas adecuadas deja a los ciudadanos vulnerables, tanto como posibles infractores como víctimas de explotación.

¿Por qué los colombianos participan en conflictos armados internacionales?

Macías explica que la participación de colombianos en conflictos armados o tareas de seguridad en el exterior responde a factores históricos y estructurales.

“La participación de personas en conflictos armados y otros contextos de seguridad no es un fenómeno nuevo. Ocurre desde hace mucho tiempo y por eso incluso existe un grupo de trabajo de Naciones Unidas dedicado al estudio de los mercenarios y de actores relacionados con el mercenarismo, incluidos los llamados combatientes extranjeros”, indicó el experto a El Tiempo.

En el caso de Colombia, el especialista destaca que el país ha formado a miles de militares y policías con capacidades valoradas gracias a décadas de conflicto armado.

También aclaró que “durante muchos años las políticas dirigidas a los veteranos fueron limitadas. Como resultado, existe una población numerosa de militares retirados que aún son relativamente jóvenes y poseen conocimientos especializados en seguridad y defensa”.

Macías detalla que un soldado profesional puede retirarse alrededor de los treinta y ocho años tras dos décadas de servicio, lo que facilita su incorporación al mercado internacional de seguridad privada.

“Cuando estos exmilitares reciben ofertas de empresas, gobiernos u otros actores extranjeros para prestar servicios de seguridad, las oportunidades económicas suelen resultar convenientes”, explicó Macías, quien subrayó la alta demanda internacional por el entrenamiento colombiano.

Los retos de una regulación efectiva para el mercenarismo en Colombia

Según Macías, uno de los principales desafíos es la falta de rendición de cuentas a nivel internacional. “No existe una normativa global para regular este fenómeno”, señaló el profesor universitario.

Aunque Colombia ratificó la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, el número de países que la han adoptado sigue siendo reducido.

Según las declaraciones de Macías, Colombia aún no ha tipificado el delito de mercenarismo. Para Macías, esta ausencia priva al Estado de herramientas legales que permitan prevenir y sancionar estas conductas. Además, resaltó la dificultad de diferenciar entre mercenarios y aquellos ciudadanos que trabajan legalmente en seguridad, consultoría o asesoría para empresas privadas o gobiernos extranjeros.

El especialista precisó: “Es necesario identificar las causas que llevan a que ciudadanos colombianos sean reclutados por actores vinculados a estas actividades. Sin embargo, existe un aspecto que debe tenerse en cuenta. No todas las personas que trabajan en seguridad en el exterior son mercenarios”. Insistió en que el marco legal debe proteger a quienes ejercen actividades legales fuera del país.

Reclutamiento predatorio y consecuencias para los colombianos

El fenómeno del reclutamiento predatorio preocupa especialmente a Macías. “Existe una modalidad que denominamos reclutamiento predatorio”, explicó el experto. Esta práctica se dirige a personas en situaciones de vulnerabilidad económica, migratoria o laboral.

Macías agregó en entrevista con El Tiempo: “También incluye casos en los que las personas son engañadas durante el proceso de contratación. Se les prometen determinadas condiciones laborales que posteriormente no se cumplen”.

Algunos incluso terminan sometidos a mecanismos coercitivos que les impiden regresar a Colombia o abandonar el trabajo acordado.

El incremento de esta dinámica representa un reto. “Esta dinámica ha venido creciendo y representa un desafío porque demuestra que quienes participan en estos escenarios no solo pueden convertirse en perpetradores de violaciones a los derechos humanos, sino también en víctimas de explotación laboral”, advirtió Macías.

Avances y desafíos en la regulación legislativa en Colombia

Colombia oficializó su adhesión a la Convención Internacional contra el Mercenarismo en marzo. Sin embargo, el desarrollo de una legislación interna sigue en una fase inicial.

“Todavía no se ha surtido el primer debate. Es posible que ya existan iniciativas en trámite, pero el proceso aún está en una etapa temprana”, detalló Macías a El Tiempo.

El avance, advirtió el experto, dependerá de la voluntad del próximo Congreso. “No parece probable que alcance a discutirse antes del cierre de la actual legislatura, por lo que seguramente continuará en la próxima. Además, se trata de una iniciativa de origen legislativo y no gubernamental”.

Entre las prioridades, Macías recomienda definir la figura del mercenario, crear mecanismos de supervisión y control para combatir el mercenarismo dentro y fuera del país, y garantizar la protección de quienes han sido víctimas del reclutamiento predatorio o enfrentan procesos legales en el extranjero.

El experto enfatizó que cualquier marco regulatorio debe equilibrar la seguridad con la protección de quienes trabajan legalmente en el exterior.