
El abogado Camilo Rincón informó que el 9 de junio de 2026 comenzará el juicio contra los dos procesados por el homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado en octubre de 2025, después de que el despacho evitó una posible libertad por vencimiento de términos al cerrar la audiencia preparatoria antes de que se cumplieran los plazos.
Según Rincón, estaban por cumplirse 120 días desde la radicación del escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez y Ricardo González sin que hubiera iniciado la audiencia de juicio oral. El togado sostuvo que la definición de la audiencia preparatoria en una sola jornada impidió que los acusados recuperaran la libertad.
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Rincón agradeció a la judicatura y al juez: “En un tiempo récord evacuó y dio por terminada la audiencia preparatoria”. Conforme a la explicación que dio en entrevista con La FM, esa actuación destrabó el proceso y permitió pasar a la siguiente fase.
El proceso, señaló el togado, continúa contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, quienes enfrentarán el juicio en los juzgados de Paloquemao. “Mañana instalamos juicio en los juzgados de Paloquemao ya en forma”, dijo al medio citado.
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Paola Fernández será declarada persona ausente

Sobre la situación de Paola Fernández, testigo clave de la investigación cuyo paradero es desconocido, Rincón dijo a La FM que sigue prófuga y que en su contra permanece activa una circular roja de Interpol. Esa condición, según explicó a la cadena radial, no detendrá el avance del expediente.
“Que se entregue, se entregue porque la justicia la va a encontrar, la va a capturar y la va a procesar”, afirmó Rincón. En la misma entrevista agregó que el 18 de junio de 2026 será declarada persona ausente y que desde entonces “se iniciará el proceso penal en forma”.
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El litigante también insistió en que la búsqueda seguirá abierta mientras avanza la causa. “Así se esconda debajo de las piedras, las autoridades la van a encontrar”, afirmó, refiriéndose a Paola Fernández.
La defensa de la víctima dice que las pruebas apuntan a un homicidio doloso agravado

Consultado por el avance del expediente, Rincón aseguró que los acusados no han colaborado con la investigación. “Para nada, para nada, para nada”, respondió cuando La FM le preguntó si habían hecho aportes al esclarecimiento del caso.
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En sus declaraciones indicó que una de las estrategias de la defensa consistió en pedir como testigo a Paola Fernández. Rincón explicó al mismo medio que, con su vinculación formal al proceso, ella podría renunciar al derecho a guardar silencio, pero no podría ser considerada testigo por su condición procesal.
Sobre el sustento de la acusación, Rincón sostuvo en el diálogo: “Todas las pruebas apuntan de manera fehaciente”, y añadió que los elementos reunidos buscan demostrar un homicidio doloso en circunstancias de agravación. Según dijo, las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación son “útiles, pertinentes, conducentes”.
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El abogado también proyectó que el juicio avance con rapidez y que haya una decisión en los próximos meses. Sobre la expectativa de condena, afirmó que espera “una condena ejemplarizante que superará los 40 años de prisión”.
El asesinato de Jaime Esteban Moreno enfrenta riesgo de impunidad

Los acusados podrían quedar en libertad porque los plazos legales para dictar sentencia están próximos a cumplirse. Si no se emite una decisión judicial antes del 20 de junio de 2026, la legislación colombiana exige la excarcelación automática de los detenidos, pese a las pruebas recabadas en su contra y la robustez del expediente, según informó la emisora nacional Caracol Radio, en el Reporte Coronell.
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La audiencia prevista para dar seguimiento al proceso no se celebró, ya que el juez fue citado a capacitación electoral. Este imprevisto incrementó las probabilidades de que los plazos judiciales concluyan sin una sentencia.
Sobre esta posibilidad, Mónica Jaramillo Buitrago, madre de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, reclama que la justicia en Colombia podría dar libertad a los agresores de su hijo antes de que sean condenados, tras los retrasos que ha sufrido el proceso penal desde el crimen cometido el 31 de octubre de 2025 en Chapinero. Las suspensiones recientes acortan el plazo legal para la detención preventiva, lo que amenaza con dejar el caso impune pese a la gravedad documentada del homicidio.
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