La justicia colombiana dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Diego Acosta Yandi, señalado como uno de los principales articuladores de la minería ilegal de oro en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
La Fiscalía General de la Nación lo acusa de haber promovido el uso de explosivos y mercurio, lo que provocó graves daños a los cuerpos de agua y a la biodiversidad de esta área protegida.
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Investigación y captura
Según informó la Fiscalía General de la Nación, la captura y judicialización de Acosta Yandi forman parte de una estrategia interinstitucional orientada a frenar la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
El ente acusador detalló que el procesado, conocido como alias Guatín, habría dirigido la extracción clandestina de oro entre 2016 y abril de 2023 en los socavones denominados Patequeso y La Martínez” ubicados en el sector Minas del Socorro, sin títulos mineros ni licencias ambientales.
En las audiencias preliminares, la Fiscalía expuso que Acosta Yandi incentivó la utilización de explosivos y materiales tóxicos, como el mercurio, en el proceso de extracción. De acuerdo con la acusación, esta práctica generó afectaciones al agua, al suelo, a la flora y a la fauna del parque. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, señaló el fiscal del caso.
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Cargos y proceso judicial
Por estos hechos, Acosta Yandi fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica.
Durante la diligencia judicial, el procesado aceptó los cargos y, en consecuencia, una juez de control de garantías ordenó su detención en establecimiento carcelario, informó la Fiscalía General de la Nación.
El ente investigador aportó pruebas que vinculan a Acosta Yandi con la comercialización clandestina del oro extraído en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao (Cauca). Las autoridades sostienen que la actividad minera ilegal no solo infringió la normatividad ambiental y minera vigente, sino que también puso en riesgo la salud de las comunidades y la estabilidad de los ecosistemas del suroccidente colombiano.
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Impacto ambiental y respuesta institucional
La presencia de mercurio y otros tóxicos en los cuerpos de agua del parque es motivo de alarma para las autoridades y la población circundante. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la contaminación por mercurio altera la calidad del agua y representa un riesgo para la vida silvestre y para quienes dependen de estos recursos hídricos.
En abril de 2026, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció un plan de choque para enfrentar la minería ilegal en los Farallones, tras el llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera.
El plan contempla recorridos de reconocimiento, cierres técnicos de minas ilegales y la presencia permanente de Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca.
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Como parte de la estrategia, se priorizarán acciones de remediación ambiental y vigilancia epidemiológica para detectar posibles afectaciones en la salud de la población. Además, se activó una mesa de diálogo con las comunidades y se aprobaron recursos por más de $271.000 millones para proyectos de restauración en ecosistemas estratégicos.
Estrategias de control y participación comunitaria
La ofensiva institucional contra la minería ilegal en los Farallones de Cali incluye la coordinación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoridades regionales.
Durante la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), se acordó mantener canales de comunicación con la comunidad de La Leonera y fortalecer la cooperación con organismos internacionales, como parte de un esfuerzo sostenido para frenar la degradación ambiental y proteger la biodiversidad.
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Las autoridades reiteran que la minería ilegal constituye una amenaza directa para los ecosistemas, las fuentes hídricas y la biodiversidad de los Farallones de Cali.
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