
El 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito, en Bogotá, un menor de edad le propinó varios disparos al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto tras varias semanas de esfuerzo por parte del personal médico de la Clínica Santa Fe por salvarle la vida.
Alrededor del crimen se generó un debate sobre el futuro del menor, que confesó haber tenido una rápida reflexión tras el hecho, pasando de creer que recibiría un pago millonario por asesinar al político de derecha, de verse rodeado de la multitud, defendido por las autoridades para evitar ser linchado y teniendo claridad de que solo había sido utilizado en una misión suicida.
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En Colombia la discusión se centró en la posible condena para el joven sicario, que terminó con una sanción de siete años; cabe recordar que en Colombia los menores no son condenados, sino que en estos casos el sistema debe comenzar un protocolo para reintegrar al menor de edad en la sociedad de manera efectiva, ya que es considerado una víctima del conflicto interno.

Un año después del atentado contra Miguel Uribe Turbay, la sociedad sigue discutiendo sobre el castigo que deben recibir los menores que cometen crímenes de esta índole, mientras, al unísono, los niños siguen siendo utilizados para la guerra.
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Durante la investigación del caso se confirmó que Elder José Arteaga Hernández, “El Costeño”, había instrumentalizado a otros menores para delinquir, siempre bajo la creencia de que podrían quedar libres en poco tiempo.
Aunque esto sorprendió a la ciudadanía, dejó en evidencia una realidad que se ha vivido en Colombia durante décadas, ya que “El Costeño” no fue pionero en este tipo de prácticas, sino que siguió con un método que han repetido las guerrillas y que utilizó constantemente el cartel de Medellín durante la guerra contra el Estado.
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Los “suizos” no son nuevos en Colombia

En esa época, los lugartenientes de Pablo Escobar comenzaron a utilizar el concepto “suizo” para referirse a un joven sin oportunidades, de estrato bajo y que pudiera aceptar “misiones” en las que podrían morir a cambio de transformarle la vida a su familia.
En la historia de Colombia menores o jóvenes que acababan de cumplir la mayoría de edad han sido protagonistas de varios crímenes que cambiaron la historia del país. Por ejemplo, en los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Carlos Pizarro y en la explosión del vuelo 203 de Avianca, los protagonistas fueron personas que no superaban los 20 años.
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Las marcadas clases sociales y el abandono estatal han sido claves para que las organizaciones criminales y los grupos armados puedan seguir utilizando a menores para delinquir. De acuerdo con la JEP, más de 18.000 menores han sido reclutados por la guerrilla para combatir contra las Fuerzas Militares, en una estrategia que no solo se enfoca en aumentar su personal.
Durante varios años existió la creencia de que las Fuerzas Militares no harían ataques con explosivos en campamentos en los que había menores; sin embargo, en el siglo XXI se han registrado varios bombardeos que terminan con pedidos de disculpas del ministro de Defensa de turno por dar de baja a menores que habían sido reclutados por los grupos armados.
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Un año de discusiones, pero sin soluciones a la vista
Ha pasado un año desde que un menor terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, y mientras la sociedad colombiana sigue discutiendo sobre los castigos como adultos para esta población, en Guaviare un combate entre disidencias de “Iván Mordisco” y “Calarcá” terminó con 11 menores muertos, la mayoría, hijos de campesinos a los que la guerra les quito a sus niños.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones han emitido comunicados en los que rechazan que niños sigan siendo utilizados para la guerra, mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha informado que se cree que cerca del 37% de los combatientes de las disidencias son niños.
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Entre las disidencias está la Segunda Marquetalia, que es dirigida por “Iván Márquez”, estructura que retomó las armas luego de firmar la paz y desde donde se cree que se envió la orden de terminar con la vida de Miguel Uribe Turbay.
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