Gustavo Petro calificó como “carreta” informe militar: puso en duda datos sobre expansión armada ilegal en Colombia

Gustavo Petro calificó como “carreta” el informe de las Fuerzas Militares y la Policía que señala una expansión territorial del 36% y un fortalecimiento en 87% de los grupos armados bajo la política de paz total de su Gobierno.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el informe en el que las Fuerzas Militares y la Policía advierten sobre el crecimiento de la presencia y el poder de grupos armados ilegales durante su administración.

El documento señala que organizaciones como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo habrían incrementado su capacidad de actuación.

Según el informe, estos grupos habrían expandido su influencia territorial en un 36% y fortalecido sus capacidades en un 87%. El reporte identifica al menos diez zonas de difícil acceso para la fuerza pública, ubicadas principalmente en regiones fronterizas con Venezuela, áreas del Pacífico y el sur del país.

Entre ellas se encuentran el nordeste antioqueño, la Serranía de San Lucas en Bolívar, el Catatumbo en Norte de Santander, sectores de Arauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y municipios en Chocó.

En respuesta, el presidente Petro calificó estos datos como “carreta” y cuestionó los mapas que ilustran el supuesto control territorial en la selva amazónica.

“Carreta, pintan la selva amazónica extensa, dónde un grupo de cien no puede controlarla, si estudiantes de geografía me muestran un mapa de esos, los rajo y repiten el curso (sic)”, expresó el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado consideró que un grupo armado de cien personas en la selva representa una presencia mínima, salvo que logren controlar los ríos de la región.

Añadió que su administración ya adquirió embarcaciones armadas para asegurar el control de estos corredores fluviales: “Cien hombres en la selva amazónica son apenas un punto que pueden agrandar si controlan los ríos y por eso ya compramos las embarcaciones armadas adecuadas para que ese hecho no se produzca. El control de la selva amazónica se establece a partir de sus ríos (sic)”.

El informe también advierte sobre el aumento del riesgo electoral en zonas donde la Fuerza Pública enfrenta mayores restricciones de acceso. Organizaciones como la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares consideran que en estos lugares existe una alerta nacional por denuncias de intimidación, control territorial y presión sobre las comunidades.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro expuso un balance de su política antinarcóticos y responsabilizó al gobierno anterior, liderado por Iván Duque, por el incremento histórico de los cultivos de hoja de coca entre 2018 y 2022. Petro argumentó que el abandono de los acuerdos de paz firmados con las Farc en 2016 permitió que los cultivos ilícitos se duplicaran respecto a los niveles más bajos alcanzados tras la desmovilización de miles de combatientes durante la administración de Juan Manuel Santos. Según Petro, la tendencia al alza coincidió con el inicio del mandato de Duque, cuando se priorizó la confrontación armada sobre el diálogo.

Durante su intervención, Petro presentó cifras que muestran un aumento del 43% en los cultivos de coca entre 2020 y 2021, el mayor crecimiento registrado en ese periodo. No obstante, aclaró que este incremento no se debió a una estrategia intencionada para beneficiar al narcotráfico, sino a una política de seguridad centrada en el uso de la fuerza.

Al referirse a los resultados de su propia gestión, Petro señaló una desaceleración en el crecimiento de los cultivos: 10% en 2023, 3% en 2024 y reducciones en los cuatrimestres siguientes. Destacó que en el periodo más reciente se lograron eliminar 8.821 hectáreas respecto al cuatrimestre anterior, para un total de casi 10.000 hectáreas menos en comparación con el inicio de la última etapa de su gobierno.

La estrategia oficial se basa en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con 31.000 familias inscritas en regiones como Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Petro informó que, según la Unodc, se erradicaron 8.584 hectáreas y existen 41.000 hectáreas en proceso de sustitución, cifras respaldadas recientemente por aportes de cooperantes europeos y chinos.