A la cárcel hombre que amenazó de muerte a funcionarios públicos de Soacha: les enviaba coronas de flores

La Fiscalía General de la Nación logró identificar a Juan Andrés Romero Calderón como presunto responsable de amenazas de muerte dirigidas a funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en Soacha, Cundinamarca. Este caso ha generado preocupación en el entorno judicial, debido a la gravedad de las conductas atribuidas y al contexto en el que se produjeron.

Las investigaciones señalan que Romero Calderón habría actuado en respuesta a determinaciones administrativas de la entidad, principalmente el bloqueo de documentos legales vinculados a terrenos ubicados en la zona férrea y en la Autopista Sur de Soacha. Según la Fiscalía, estos inmuebles representaban intereses económicos para el implicado, lo que habría motivado su comportamiento intimidatorio.

Las amenazas se habrían materializado en dos momentos distintos: uno en agosto de 2022 y otro en octubre de 2025. En ambas ocasiones, el acusado habría ingresado a las oficinas portando un arma de fuego y habría utilizado este elemento para intimidar a los servidores públicos presentes. La reiteración de los hechos refuerza la hipótesis de una conducta sistemática y premeditada.

En un episodio posterior, el 8 de abril, el exregistrador de Instrumentos Públicos de Soacha recibió en su despacho una corona fúnebre. Este acto simbólico, según los elementos probatorios recopilados, fue atribuido a Romero Calderón y se interpretó como un mensaje de amenaza directa. La Fiscalía sostiene que este tipo de acciones tiene como objetivo generar temor y desestabilizar el funcionamiento institucional.

De acuerdo con el desarrollo del proceso, la Policía Nacional ejecutó una orden de captura en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El operativo se realizó en cumplimiento de las diligencias judiciales y bajo la coordinación de la autoridad competente. A partir de allí, se iniciaron las audiencias de control de garantías.

Un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca imputó a Romero Calderón el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Además, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que fue avalada por el juez de control de garantías. El avance de esta causa penal pone de relieve la importancia de la protección institucional frente a actos intimidatorios.

En Colombia, la amenaza de un servidor público constituye una conducta penalizada de forma severa. El Código Penal contempla figuras específicas como la violencia contra servidor público y las amenazas contra funcionarios, con penas que pueden oscilar entre cuatro y ocho años de prisión en el primer caso, y de 72 a 128 meses en el segundo, dependiendo de la gravedad y de los sujetos afectados. El objetivo de estas normas es salvaguardar la integridad de los funcionarios y garantizar el funcionamiento del Estado.

Para que una conducta sea considerada amenaza judicializable, debe reunir requisitos como la seriedad, verosimilitud y capacidad real o aparente de cumplimiento. Además, el daño anunciado debe ser futuro y posible, y la acción debe provocar alarma o zozobra en la víctima. Solo bajo estos parámetros la Fiscalía puede avanzar con la imputación y la solicitud de medidas preventivas.

El caso de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soacha representa un ejemplo de cómo las disputas por intereses económicos pueden derivar en situaciones de riesgo para quienes ocupan cargos públicos. La Fiscalía, al actuar frente a este tipo de hechos, busca reafirmar el mensaje de que la intimidación y la coacción no tienen cabida en el ámbito institucional.

La investigación sigue su curso y las autoridades han reiterado su compromiso con la protección de los servidores públicos. Los hechos descritos muestran la complejidad de los escenarios en los que las decisiones administrativas pueden enfrentar resistencia violenta. La respuesta estatal se orienta a preservar el orden y la seguridad jurídica en todos los niveles de la administración pública.