Extranjera que ingresó al sistema de salud tenía orden de expulsión vigente para llevarla a Venezuela: así se hizo el operativo

La ejecución de una expulsión migratoria en la frontera de Paraguachón –ubicada en el corregimiento de Maicao, departamento de La Guajira (Colombia), que limita con el estado Zulia (Venezuela)– movilizó a las autoridades colombianas tras la detección de una ciudadana venezolana con una orden de expulsión vigente.

El procedimiento se inició cuando la mujer fue identificada durante su ingreso a una institución de salud en territorio nacional.

La alerta generada por el sistema permitió que oficiales de Migración Colombia adscritos al Centro Facilitador de Servicios Migratorios, en coordinación con el Puesto de Control Migratorio de Paraguachón, realizaran la verificación de sus datos.

Tras confirmar la existencia de una resolución administrativa emitida en 2024 en Valledupar, se procedió a su traslado a la frontera y posterior entrega a las autoridades venezolanas.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, se pronunció sobre las acciones adelantadas con esta mujer: “Aplicamos las medidas migratorias establecidas por la normativa vigente, siempre con respeto por los derechos humanos y las garantías del debido proceso”. Explicó que la entidad actúa con firmeza para cumplir la ley y contribuir a la seguridad en el territorio.

En respuesta a la pregunta sobre cómo se detectan y ejecutan estas órdenes, las autoridades señalaron que los sistemas tecnológicos permiten identificar rápidamente a ciudadanos extranjeros con decisiones migratorias pendientes.

Cuando se confirma la vigencia de una medida de expulsión, se procede a activar el protocolo correspondiente, que incluye la coordinación interinstitucional y la entrega formal a las autoridades del país de origen.

En 2026, Migración Colombia ha deportado y expulsado a más de 300 extranjeros

Las cifras de expulsiones y deportaciones en Colombia mantienen un ritmo elevado en 2026, con 310 ciudadanos extranjeros sancionados hasta la fecha de acuerdo con la información suministrada por Migración Colombia. Este número incluye tanto personas expulsadas como deportadas, en el marco de operativos que buscan reforzar la seguridad nacional y el cumplimiento de la normativa migratoria.

El organismo atribuye estas medidas a causas como el uso de documentos fraudulentos, infracciones a las normas migratorias y situaciones que representan un riesgo para la seguridad del país. La tendencia se mantiene estable respecto al 2025, año en que se contabilizaron 1.652 procedimientos similares, según datos oficiales.

En respuesta a la consulta sobre el motivo y la distribución de estas sanciones, Migración Colombia detalla que las deportaciones suman 157 casos en 2026, con mayor incidencia en regiones como Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia y la Regional Andina, que abarca Bogotá y departamentos cercanos. Estas acciones suelen estar relacionadas con irregularidades en el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

Las expulsiones, por su parte, alcanzan los 153 casos en lo que va del año, concentrándose en las regionales Oriente, Andina, Antioquia, Nariño y El Dorado. Los motivos principales incluyen amenazas a la seguridad, el orden público o la tranquilidad social, además de órdenes judiciales, notificaciones internacionales o requerimientos de Interpol.

Las cifras muestran que, de los 310 casos registrados en el año 2026, 157 corresponden a deportaciones y 153 a expulsiones. Nariño lidera la lista de regiones con más deportaciones, mientras que Oriente encabeza el listado de expulsiones. Estas sanciones responden tanto a causas migratorias como a requerimientos judiciales o de organismos internacionales.

La diferencia entre expulsión y deportación radica en la naturaleza y duración de la sanción. La deportación implica una prohibición de ingreso a Colombia durante un periodo que puede ir de seis meses a diez años, según la gravedad de la infracción. La expulsión, en cambio, se aplica de forma discrecional y por un mínimo de cinco años, generalmente como pena accesoria a los delitos principales.