
Una bodega ubicada en la localidad de Fontibón, en Bogotá, escondía una sofisticada operación criminal que, bajo la apariencia de un centro de llamadas, se dedicaba presuntamente a engañar y extorsionar a ciudadanos de diferentes regiones del país.
Gracias a la información suministrada por la comunidad y a un operativo liderado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), las autoridades lograron desmantelar esta estructura delincuencial y capturar a cinco de sus presuntos integrantes.
La investigación reveló que los implicados se hacían pasar por funcionarios de reconocidas entidades financieras para contactar a sus víctimas y obtener información sensible, que posteriormente utilizaban para cometer extorsiones y hurtos mediante mecanismos informáticos.
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Lo que parecía ser un inmueble común terminó convirtiéndose en el epicentro de una operación ilegal que, según las autoridades, generaba ganancias cercanas a los 200 millones de pesos semanales mediante fraudes telefónicos y delitos informáticos.

Las autoridades indicaron que la organización contaba con un esquema bien definido para ejecutar sus actividades ilícitas, pues los implicados utilizaban guiones previamente elaborados para convencer a las personas de que estaban siendo contactadas por representantes legítimos del sector financiero, logrando así acceder a datos personales y bancarios sensibles.
La magnitud de la operación quedó evidenciada durante el allanamiento. Los uniformados encontraron una amplia infraestructura tecnológica que habría sido utilizada para sostener las actividades fraudulentas.
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Entre los elementos incautados figuran 48 teléfonos celulares, 322 tarjetas SIM de distintos operadores, cuatro módems con alta capacidad de conectividad y tres billeteras digitales que, según las autoridades, eran empleadas para recibir y dispersar el dinero producto de las extorsiones y hurtos.
Además, los investigadores hallaron motocicletas eléctricas, bases de datos físicas con información personal de ciudadanos de diferentes regiones del país y documentos con los libretos que presuntamente utilizaban para ejecutar las llamadas fraudulentas.

“Se dejan a disposición de la Fiscalía General de la Nación cinco personas por el delito de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos y hurto por medios informáticos. Asimismo, se incautaron cuarenta y ocho celulares, cuatro módem, trescientas veintidós sim card, dos motocicletas eléctricas, tres llaves o billeteras digitales donde recibían el dinero producto de las exigencias económicas. Asimismo, se encontraron listados de información de personas y ciudadanos a nivel nacional”, afirmó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
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Según las autoridades, la investigación continúa para establecer el alcance total de la estructura delincuencial e identificar a otros posibles integrantes que habrían participado en esta red de fraude y extorsión.
Los elementos tecnológicos decomisados serán sometidos a análisis forense con el fin de determinar el número de víctimas afectadas y rastrear el destino de los recursos obtenidos ilícitamente.
El caso también volvió a poner sobre la mesa la importancia de las denuncias ciudadanas en la lucha contra el crimen organizado. De acuerdo con la Policía, la información suministrada por la comunidad fue determinante para detectar las actividades irregulares que se desarrollaban en el interior del inmueble y actuar antes de que más personas fueran afectadas.
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Finalmente, tanto los cinco capturados como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, violación de datos personales, suplantación de sitios web para captura de datos y hurto por medios informáticos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para desconfiar de llamadas en las que supuestos funcionarios bancarios soliciten claves, códigos de seguridad o información financiera sensible. Asimismo, insistieron en verificar cualquier requerimiento a través de los canales oficiales de las entidades financieras y denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o fraude.
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