Senador de origen colombiano impulsó una ofensiva para frenar la política de Trump sobre la ‘green card’: de qué se trata

Rubén Gallego, senador de Arizona de origen colombiano, abrió una ofensiva para intentar frenar la nueva política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump sobre la green card.

La medida, anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, podría alterar el trámite de residencia permanente de más de 1,2 millones de personas con solicitudes pendientes, entre ellas alrededor de 25.000 colombianos, porque plantea que esos casos se resuelvan, en principio, desde los países de origen y no dentro de Estados Unidos.

La discusión llegó cuando el Senado de Estados Unidos aprobó el viernes 5 de junio USD 70.000 millones para financiar la ofensiva migratoria de Donald Trump, un proyecto que financiaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial.

La iniciativa pasó a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén tratarla a inicios de la próxima semana.

El cambio que cuestionó Gallego surgió tras el memorando divulgado el 22 de mayo por Uscis, en el que la agencia indicó que los extranjeros que busquen la residencia permanente mediante ajuste de estatus deberán hacerlo, en principio, desde sus países de origen, salvo en circunstancias consideradas “extraordinarias”.

Ese punto es clave porque, durante décadas, el ajuste de estatus ha sido la vía habitual para que personas que ya están legalmente en Estados Unidos, con visas de trabajo, estudio o en procesos de reunificación familiar, soliciten la residencia permanente sin salir del país.

En una carta enviada a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno, conocida como GAO, Gallego pidió que ese organismo determine si la medida equivale a una nueva regla. Si la conclusión fuera afirmativa, el Congreso podría votar para bloquearla bajo el Acto para la Revisión del Congreso.

El senador sostuvo en el documento, citado por El Tiempo, que la guía de Uscis no es una simple aclaración administrativa sino un cambio sustancial de política pública.

En la carta afirma: “En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario”.

Gallego añadió en la misiva que la medida busca empujar a los solicitantes hacia los consulados estadounidenses en el exterior en lugar de permitir la vía tradicional dentro de Estados Unidos. A su juicio, eso contradice la intención del Congreso al aprobar la legislación migratoria vigente.

En otro pasaje de la carta, el senador argumenta que el alcance potencial de la política impide tratarla como una orientación interna. “La nueva guía afectaría potencialmente a cientos de miles de no ciudadanos y sus familias cada año, representando un cambio importante de política y satisfaciendo, por tanto, la definición de regla bajo el Acto para la Revisión del Congreso”, dice el documento.

Abogados migratorios, organizaciones de defensa de inmigrantes y algunos exfuncionarios de Uscis advirtieron que la política rompe con una práctica aplicada durante más de seis décadas.

Si se aplicara con el rigor que muchos expertos interpretaron al comienzo, obligaría a parte de los solicitantes a salir de Estados Unidos para terminar el trámite consular, con impacto sobre empleos, negocios, estudios y vínculos familiares.

Tras la controversia, el Departamento de Seguridad Interna dijo que el memorando no implicaba que todos los solicitantes debieran abandonar Estados Unidos y sostuvo que solo reiteraba principios legales ya existentes. La administración también remarcó que cada caso sería evaluado de forma individual.

Esa aclaración no despejó la incertidumbre porque el gobierno mantuvo que los funcionarios conservarían amplia discreción para decidir quién podría completar el trámite dentro del país y quién tendría que hacerlo mediante procesamiento consular en el extranjero.

Un portavoz de la oficina de Gallego dijo: “La supuesta aclaración de la administración solo añadió más confusión. Ahora la administración afirma que esto nunca fue un cambio de política para empezar, pero eso no es lo que dice el memorando”.

La misma oficina sostuvo que las familias inmigrantes siguen sin saber qué reglas se aplicarán a sus casos y que profesionales altamente calificados, entre ellos médicos, científicos e ingenieros, no tienen certeza sobre si podrán obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

Para que el Congreso use el Acto para la Revisión del Congreso, primero debe establecerse que la medida constituye una “regla” bajo la definición legal aplicable. Esa es la evaluación que Gallego intenta activar ante la GAO.

Si la GAO concluyera que sí lo es, el Congreso podría presentar una resolución de desaprobación y someterla a votación dentro de un plazo determinado. Según el texto fuente, el calendario legislativo incluso podría empujar el debate hasta el próximo Congreso que se instalará después de las elecciones de mitad de mandato.

El problema para el senador es que se trata de un mecanismo complejo, poco frecuente y condicionado por múltiples factores políticos e institucionales.

La defensa jurídica de la administración Trump descansa en que no habría un cambio de ley, sino una reiteración de que el ajuste de estatus es un beneficio discrecional y de que las autoridades migratorias siempre tuvieron facultades para negar solicitudes y exigir procesamiento consular en ciertos casos.