Cambio Radical estalló sobre supuesto uso de la burocracia estatal para favorecer a Iván Cepeda: “Los ministerios no son sedes de campaña”

Las denuncias sobre una presunta utilización de la estructura estatal con fines electorales volvieron a encender el debate político de cara a la segunda vuelta presidencial, que está programada para el 21 de junio de 2026.

Esta vez, el partido Cambio Radical cuestionó con dureza las versiones que apuntan a que funcionarios y contratistas de distintas entidades públicas estarían siendo convocados para respaldar electoralmente la candidatura de Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

La controversia surgió luego de las revelaciones conocidas en el programa que dirige la periodista Darcy Quinn, en La FM, donde se alertó sobre una supuesta estrategia desplegada desde sectores del Gobierno nacional para asegurar apoyos políticos dentro de la administración pública durante la recta final de la campaña presidencial.

El temor laboral que preocupa a funcionarios y contratistas

Según las denuncias, en varios ministerios y entidades estatales se estarían promoviendo reuniones dirigidas a funcionarios y contratistas con el propósito de incentivar el voto en favor del candidato del Pacto Histórico.

Entre las entidades mencionadas figura el Ministerio de Educación, que actualmente está liderado por Daniel Rojas Medellón, aunque las versiones señalan que la situación podría extenderse a otras dependencias del Estado, bajo el mandato de Gustavo Petro.

De acuerdo con la información revelada por la periodista, algunos trabajadores habrían recibido mensajes en los que se advierte sobre eventuales consecuencias laborales en caso de que triunfe la fórmula presidencial integrada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

La preocupación se habría intensificado por la circulación de panfletos y mensajes que hacen referencia a las propuestas de reorganización institucional planteadas por el candidato de derecha. Entre ellas se encuentran la reducción del tamaño del Estado, la fusión de entidades públicas y la disminución del número de ministerios.

Para algunos sectores políticos, estos mensajes estarían siendo utilizados para generar temor entre empleados públicos y contratistas, al vincular la continuidad de sus puestos de trabajo con el resultado de las elecciones presidenciales.

Las denuncias se conocen en un momento de alta tensión política, luego de los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo. En esa jornada, Abelardo de la Espriella obtuvo la mayor votación, aunque sin alcanzar la mayoría necesaria para evitar una segunda vuelta; por esa razón deberá enfrentarse en las urnas a Iván Cepeda.

Cambio Radical rechazó ese supuesto plan del Gobierno nacional

Tras conocerse los resultados, Cambio Radical anunció su respaldo a la candidatura del “Tigre”. El partido, que fue liderado durante años por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras hasta su fallecimiento, el 8 de mayo de 2026, se sumó a los sectores políticos que expresaron preocupación por las denuncias conocidas en los últimos días.

A través de una publicación en la red social X, la colectividad rechazó cualquier intento de utilizar la burocracia estatal para influir en la decisión de los ciudadanos y pidió que se esclarezcan las versiones divulgadas: “Si estas denuncias son ciertas, estamos ante una de las prácticas más bajas de la política: usar el poder del Estado para presionar funcionarios y contratistas con fines electorales”.

La colectividad agregó que las instituciones públicas no pueden convertirse en herramientas de campaña ni ser utilizadas para favorecer a un determinado proyecto político: “Los ministerios no son sedes de campaña ni los recursos públicos pueden ponerse al servicio de la candidatura de Iván Cepeda”.

En el mismo mensaje, el partido cuestionó la legitimidad de una eventual estrategia basada en la movilización de funcionarios públicos para obtener respaldo electoral.

“Quien necesita la burocracia para conseguir votos demuestra que le faltan argumentos para convencer a los ciudadanos”, culminó la organización política.

Las declaraciones se suman a una creciente discusión sobre los límites entre la actividad política y el ejercicio de la función pública durante los procesos electorales. Diversos sectores insistieron en que las entidades estatales deben mantener neutralidad y garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para favorecer candidaturas.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales que confirmen las denuncias divulgadas ni decisiones de organismos de control frente a los hechos señalados. Sin embargo, las revelaciones alimentaron el debate en medio de una campaña presidencial marcada por las divisiones y la disputa entre dos proyectos políticos opuestos.