
El 2 de junio, la Fiscalía Penal Militar y Policial anunció la captura de un oficial adscrito al batallón de servicios 23 de Pasto, en Nariño, que fue acusado de pedirle dinero en efectivo a los soldados que solicitaban algún tipo de permiso.
Un equipo especializado y jurídico llevó a cabo el proceso de detención para hacer efectiva la medida de aseguramiento intramural impuesta contra el uniformado que está siendo investigado por sus presuntos actos de corrupción.
En los avances que se han revelado, los investigadores han encontrado evidencia de que el oficial exigió un pago de 50.000 pesos por cada uno de los 39 soldados que recibieron más días de permiso para pasar tiempo con su familia en diciembre de 2025.
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“Según la información obtenida, los pagos se habrían realizado mediante transferencias a su cuenta personal, así como por medios electrónicos y en efectivo”, anunció la Fiscalía.

La investigación comenzó en enero de 2026 luego de que el ente acusador recibió información y evidencia de la conducta del uniformado, y con este material se argumentó la solicitud de captura que fue aprobada por el Juzgado 1717 de Control de Garantías.
“La Fiscalía General Penal Militar y Policial ratifica su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, el fortalecimiento de la institucionalidad y la administración de justicia, con observancia de los principios de transparencia, imparcialidad y legalidad”, es parte del comunicado oficial.
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Tras la detención, el uniformado capturado enfrentará un proceso penal por presuntos actos de corrupción relacionados con la exigencia de dinero a soldados a cambio de permisos. Si la investigación confirma su responsabilidad, podría ser condenado a una pena privativa de la libertad, lo que implicaría su retiro del servicio activo y la pérdida de beneficios institucionales.
Además, se abrirá un proceso disciplinario interno que podría derivar en su destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. En el ámbito penal, el oficial podría enfrentar sanciones económicas, como el pago de multas, y la obligación de devolver los recursos recibidos ilícitamente.
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Otro caso divulgado por la Fiscalía Penal Militar y Policial fue la confirmación de la condena de doce meses de prisión para un cabo que agredió física y verbalmente a un superior en octubre de 2022.
El hecho se registró el 14 de octubre de 2022, cuando el cabo Andrés Felipe González agredió al sargento Rueda Arias en las instalaciones del Departamento de Logística del Ejército Nacional, de manera inmediata el cabo fue judicializado dentro del sistema penal militar.
“Tras la eficaz investigación adelantada por la Fiscalía 2401 de Conocimiento y su equipo de Policía Judicial, el Juez 1301 de Conocimiento evidenció las circunstancias del caso para determinar la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, por lo que condenó al uniformado a 12 meses de prisión; decisión que fue recurrida el pasado 21 de abril de 2026″, anunció la Fiscalía, que confirmó que la pena fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Superior Militar y Policial.
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Cabe recordar que la Fiscalía Penal Militar y Policial de Colombia investiga y judicializa delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones o en relación directa con el servicio.
El objetivo del ente acusador es garantizar que los hechos que afectan la disciplina, el orden y la legalidad dentro de las instituciones militares y policiales sean esclarecidos y sancionados según la ley penal militar. Actúa en casos como abuso de autoridad, corrupción, lesiones, homicidio en servicio, agresiones entre uniformados y otros delitos que comprometen el funcionamiento y la ética institucional, asegurando el cumplimiento de la justicia interna.
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