Defensa de Abelardo de la Espriella denunció a Petro por desconocer los resultados de la primera vuelta: “Incita a una posible guerra civil”

Una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes por el abogado Germán Calderón España, quien cuestionó las declaraciones realizadas por el jefe de Estado sobre los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo de 2026.

El anuncio fue realizado por el propio Calderón España a través de su cuenta de X, en la que informó sobre la actuación y explicó los argumentos que sustentan la solicitud. “Interpuse queja disciplinaria contra @petrogustavo por llamar a la desobediencia de los resultados electorales contraviniendo el artículo 189 superior que le atribuye al presidente de la República la función de Jefe de Estado para dirigir a la nación hacia una unidad política, como lo afirma la Corte Constitucional en su jurisprudencia”, escribió.

Los argumentos expuestos en la queja

En el documento radicado el 1 de junio en Bogotá, Calderón España indicó que actuó en nombre propio y solicitó la apertura de una investigación por lo que considera un desconocimiento público de los resultados electorales de la primera vuelta presidencial.

Según el texto de la queja, el abogado recordó que los resultados preliminares arrojaron 10.361.499 votos para Abelardo De La Espriella y 9.688.361 votos para Iván Cepeda Castro.

La actuación también hace referencia a un mensaje publicado por el presidente Petro en la red social X durante la noche de esa misma jornada. En dicho pronunciamiento, el mandatario manifestó que no aceptaba los resultados del preconteo y cuestionó aspectos relacionados con los sistemas de conteo y escrutinio electoral.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió el presidente en X.

Frente a ese mensaje, Calderón España indicó que la firma privada mencionada por el mandatario no participó en el proceso electoral, afirmación que, según la queja, ha sido expresada públicamente por el registrador nacional del Estado Civil.

Dentro de los argumentos presentados ante la Comisión de Investigación y Acusaciones, Calderón España citó las respuestas entregadas por el registrador nacional, Hernán Penagos, a los cuestionamientos formulados por el presidente Petro. Penagos aseguró que el proceso de conteo se desarrolló sin inconsistencias y que no existían diferencias entre los resultados del preconteo y las actas electorales.

Con base en esos antecedentes, Calderón España argumentó que las manifestaciones del presidente constituyen un llamado a la desobediencia civil y que serían contrarias a las funciones que la Constitución Política asigna al jefe de Estado.

En el documento radicado, el abogado sostuvo que el artículo 189 de la Constitución establece las funciones presidenciales y recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el presidente, en su calidad de jefe de Estado, representa la unidad política de la Nación.

Por ello, afirmó que las declaraciones realizadas por Petro tendrían un efecto contrario a ese principio. “Con su actuar, hace lo contrario a lo prescrito por el máximo tribunal constitucional, pues incita a la desunión de los colombianos, a un cisma popular innecesario y a una posible guerra civil”, señala el texto.

En consecuencia, solicitó la intervención de la autoridad competente para adelantar una investigación formal. En la parte final del escrito manifestó que resulta necesaria la actuación del “juez natural del presidente de la República” con el propósito de examinar la conducta denunciada y determinar si existe mérito para adoptar decisiones dentro del proceso correspondiente.

La presentación de esta queja ocurre en una semana marcada por actuaciones disciplinarias relacionadas con presunta participación en política de funcionarios públicos durante el proceso electoral. Entre los casos anunciados por la Procuraduría General de la Nación se encuentran los del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quienes fueron suspendidos provisionalmente mientras avanzan las actuaciones correspondientes por presunta participación indebida en política.

Las decisiones se producen a pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio de 2026, jornada en la que competirán Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda Castro por la Presidencia de la República.