Desde la Alcaldía de Medellín cuestionaron la ‘alegría’ de Daniel Quintero por caso Aguas Vivas: “No es acabar el proceso, ni declarar inocente”

La decisión del Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia de anular la imputación de cargos que la Fiscalía formuló contra el exalcalde de Medellín y hoy superintendente de Salud, Daniel Quintero, por el caso Aguas Vivas, sigue dejando fuertes cruces de mensajes con la actual administración de la ciudad.

Y es que la acusación por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción quedó sin efecto y, ahora, obliga al ente acusador a corregir fallas que, según la jueza, afectaron el derecho a la defensa y el debido proceso.

Sin embargo, pese a la celebración que ha hecho el hoy superintendente, desde la alcaldía de Federico Gutiérrez insisten en que la decisión temporal de la jueza no significa una victoria para Quintero.

De hecho, en medio de una entrevista concedida a El Colombiano, Sebastián Gómez, secretario general de la Alcaldía de Medellín, señaló que el caso Aguas Vivas sigue abierto y la nulidad procesal parcial decretada no equivale a una absolución ni al cierre del expediente contra Daniel Quintero.

Incluso, el funcionario aseguró que la apelación de la Alcaldía y la Fiscalía se resolverá el 6 de agosto en el Tribunal Superior de Medellín y podría terminar en un nuevo llamado al estrado para el exalcalde de Medellín.

“Es imposible, como dicen ellos, que exista una sentencia absolutoria hoy, porque, en derecho, solo hay una sentencia cuando ya se practican pruebas. Y como no lo han permitido, no la hay. Para nosotros, aquí se está creando una cortina de humo por lo que viene el 3 de agosto”, señaló Gómez al diario nacional.

La fecha a la que se refiere el actual funcionario es en la que el Consejo Superior de la Judicatura fijó para imputar cargos al hermano de Daniel Quintero, Miguel Quintero Calle, por la presunta adjudicación irregular de contratos entre la Alcaldía y Bomberos de Medellín.

“Como víctima, y conociendo muchos otros casos en los que el exalcalde Quintero y otras personas de su administración están relacionadas –donde ya hay 55 imputados y hasta principios de oportunidad, porque ya confesaron todo sobre la estructura que se creó en Medellín– y lo que viene frente a su hermano (Miguel Quintero), su socio y otras dos personas; la lectura es que aquí se está creando una cortina de humo para distraer la atención de ese proceso del carrusel de contratos del Área Metropolitana durante la administración de él", señaló Gómez.

Entretanto, el Distrito de Medellín prepara una matriz argumentativa para la apelación ante el Tribunal Superior, con el objetivo de demostrar que la imputación fue legal y suficientemente clara.

“Estamos preparando toda una matriz para apelar y explicarles al Tribunal y a los tres magistrados que les corresponde este caso, por qué razón consideramos que la imputación fue completamente legal, clara y contundente. Y que lo que se debe hacer es permitir que continúe el proceso y vayan a juicio. Que respondan y no dilaten más el proceso. Esa es nuestra estrategia”, señaló Gómez a El Colombiano.

Gómez aseguró que, si el fallo confirma la necesidad de corregir detalles formales, la Fiscalía podrá subsanar esos aspectos y el caso seguirá su curso. “Que la Fiscalía subsane y seguimos el proceso. Eso por una razón: las pruebas siguen vigentes, las 4.000 pruebas documentales están ahí”, indicó.

Ante las acusaciones de persecución política atribuidas por Quintero a la administración actual, Gómez fue enfático en señalar que el decreto con el que se modificó el uso de suelos del predio provino de la gestión de Quintero.

Además, el secretario general señaló que este fue el único lote, entre muchos recibidos, por el que se intentó realizar un millonario pago y cuya devolución se frenó judicialmente antes de revertirse la decisión y cambiar el uso del suelo mediante decreto.

“De ninguna manera. El decreto que Daniel Quintero firmó y con el que modificó el uso de suelos del Ecoparque de Las Palmas, existe. En qué administración del país, un alcalde llega e inmediatamente –de muchos lotes que ha recibido– este es el único por el que se le ocurrió pagar $43.000 millones. Y la justicia se lo frenó y luego lo devolvió“, comentó al diario nacional.