Ministerio de Salud cuestionó a Acemi por pedir más recursos para las EPS: “La discusión no puede reducirse a que la UPC no alcanza”

El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a las declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), y rechazó las afirmaciones sobre una supuesta desfinanciación del sistema de salud en Colombia.

A través de un comunicado emitido el miércoles 27 de mayo, la cartera sostuvo que el debate sobre la crisis del sistema no puede centrarse únicamente en que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) “no alcanza”.

La respuesta del ministerio se produjo luego de declaraciones publicadas por El Tiempo, en las que la presidenta de Acemi insistió en la necesidad de mayores recursos para garantizar la sostenibilidad del sistema. Frente a ello, la cartera señaló que el gremio de las EPS “insiste en solicitar más recursos sin dar cuenta de las irregularidades en el manejo del dinero reportado por los organismos de control”.

En el documento, el ministerio afirmó que existen sanciones administrativas, investigaciones y cifras oficiales relacionadas con presuntos hechos de corrupción y manejo inadecuado de recursos del sistema.

Señalamientos sobre el manejo de recursos de las EPS: “Resulta cuestionable”

La cartera de Salud recordó que Acemi y varias EPS afiliadas fueron sancionadas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 46111 de 2011. Según el ministerio, esa decisión encontró responsable al gremio de realizar un acuerdo anticompetitivo que habría buscado ocultar o falsear información enviada a entes reguladores y unificar criterios para la no cobertura de servicios de salud.

Además, la cartera indicó que actualmente la Fiscalía General de la Nación adelanta procesos contra exdirectivos de una EPS investigada por presunto fraude financiero. También mencionó que el ente acusador expuso ante la Corte Constitucional posibles prácticas sistemáticas de defraudación al sistema mediante cobros irregulares, alteración de registros de usuarios, recobros fraudulentos y contrataciones sobredimensionadas.

El ministerio también hizo referencia a informes de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades por billones de pesos en el sistema de salud. Entre los hechos mencionados se encuentran pagos injustificados, inconsistencias financieras, ocultamiento de deudas y posible uso indebido de recursos destinados a la atención de pacientes.

En el comunicado, la cartera señaló que durante la mesa técnica de la UPC ordenada por la Corte Constitucional se encontraron situaciones como duplicidad de registros, pagos de medicamentos por encima del precio regulado y reportes de servicios a personas fallecidas. “Así las cosas, resulta cuestionable que Acemi insista en que la UPC no alcanza, cuando todavía no hay una explicación clara sobre las irregularidades encontradas y las enormes deudas acumuladas por las EPS con clínicas y hospitales”, indicó el Ministerio de Salud.

Defensa del Gobierno al aumento del presupuesto en salud

Otro de los puntos centrales de la respuesta oficial fue la defensa de las cifras de financiación del sistema de salud durante el actual Gobierno. El ministerio aseguró que entre 2022 y 2026 el presupuesto destinado al sector aumentó 51,4%, lo que equivale a más de $25 billones adicionales a precios constantes de 2025.

De igual manera, sostuvo que la UPC registró un crecimiento acumulado real del 28%, equivalente a $21 billones adicionales para financiar el aseguramiento en salud.

Según el comunicado, la UPC para el régimen contributivo creció 17,25% por encima de la inflación durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras que en el periodo anterior el incremento habría sido de 9,84%. Para el régimen subsidiado, la cartera afirmó que el aumento fue de 24,71%, frente al 6,36% registrado en el gobierno anterior.

El ministerio detalló que para 2026 la UPC base del régimen contributivo quedó fijada en $1.658.912,01 y la del subsidiado en $1.541.706,27. También señaló que, teniendo en cuenta ajustes por edad, sexo y lugar de residencia, el promedio girado sería de $2.274.854 para el contributivo y $1.906.361 para el subsidiado.

“Por eso, decir que hubo desfinanciación del sistema de salud no es más que una falacia. Las cifras muestran que el Gobierno ha aumentado el presupuesto, ha aumentado la UPC y ha cerrado la brecha entre el régimen subsidiado y el contributivo”, sostuvo la entidad en el documento oficial.

El ministerio afirmó además que los estudios técnicos realizados con información reportada por las propias EPS no evidencian una insuficiencia estructural de la UPC. En cambio, aseguró que sí existen problemas relacionados con la gestión del riesgo en salud y con la prestación efectiva de los servicios a los usuarios.

En ese sentido, la cartera indicó que las EPS no solo tienen la función de administrar recursos, sino también de garantizar citas, medicamentos, tratamientos y atención oportuna a los pacientes.

La entidad también mencionó el impacto que tuvo la reforma tributaria de 2012 que creó la exoneración de aportes patronales en salud para trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos. Según el Ministerio, esa medida trasladó parte de la financiación del sistema al presupuesto nacional.

En el comunicado se cuestionaron igualmente algunas propuestas contenidas en el documento “Propuestas de estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia 2026-2030” presentado por Acemi. El ministerio señaló que iniciativas como disminuir el giro directo a prestadores, aumentar la integración vertical, incrementar copagos y cuotas moderadoras o reducir el plan de beneficios serían medidas “regresivas”.