Justicia española archivó caso contra Pablo Ardila por presunto lavado de activos y ordenó devolverle 4,4 millones de euros

La Fiscalía respaldó la solicitud presentada por la defensa del exgobernador al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación dentro del expediente abierto desde 2021

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El exgobernador de Cundinamarca fue investigado en España desde 2021 por presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales. - crédito Colprensa.
El exgobernador de Cundinamarca fue investigado en España desde 2021 por presunto blanqueo de capitales y delitos fiscales. - crédito Colprensa.

La justicia española archivó el proceso que se adelantaba contra el exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, por presunto blanqueo de capitales y ordenó el reintegro de más de 4,4 millones de euros que permanecían retenidos dentro de la investigación judicial iniciada en 2021.

De acuerdo con Semana, la decisión fue emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gavà, en España, mediante una providencia firmada por la magistrada Neus Soriano Collado, en la que se decretó el “sobreseimiento provisional” de las actuaciones relacionadas con la pieza separada por presunto lavado de activos dentro del expediente 142/2021.

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En el documento judicial conocido por el medio se concluyó que “no existen motivos suficientes para mantener la acusación por estos hechos contra persona o personas determinadas”, razón por la cual el despacho ordenó el archivo de la causa relacionada con blanqueo de capitales.

La decisión se conoció luego de cerca de cuatro años de investigaciones y actuaciones judiciales adelantadas por las autoridades españolas contra Ardila, quien fue capturado en Barcelona en mayo de 2021 en medio de una operación que incluyó indagaciones por presuntos delitos fiscales y lavado de activos.

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Fiscalía española respaldó el archivo del proceso

Uno de los elementos relevantes dentro del expediente fue la posición asumida por la Fiscalía española durante el trámite judicial. Según quedó consignado en el proceso, el Ministerio Público se adhirió a la solicitud de archivo presentada por la defensa del exgobernador colombiano.

En el documento judicial, la Fiscalía señaló que “no ha resultado debidamente justificada la perpetración del delito de blanqueo de capitales”, argumento que fue tenido en cuenta por el juzgado al momento de adoptar la decisión.

Además, el ente acusador indicó que “las rentas que constituyen el hecho imponible del IRPF no tenían origen ilícito”, referencia que hizo parte de las valoraciones sobre los recursos económicos analizados dentro de la investigación.

Con base en esas conclusiones, el juzgado determinó archivar provisionalmente la causa relacionada con lavado de activos y levantar las medidas que recaían sobre los recursos retenidos durante el proceso.

El Ministerio Público respaldó el archivo del proceso al considerar que no se acreditó el delito de lavado de activos. - crédito Ministerio Fiscal
El Ministerio Público respaldó el archivo del proceso al considerar que no se acreditó el delito de lavado de activos. - crédito Ministerio Fiscal

Ordenan devolución de más de 4,4 millones de euros

Junto con el archivo de la investigación por blanqueo de capitales, la justicia española ordenó el reintegro de los más de 4,4 millones de euros vinculados al expediente judicial.

Los recursos permanecían retenidos desde el inicio de las actuaciones adelantadas por las autoridades españolas y hacían parte de las medidas adoptadas dentro de las indagaciones financieras contra Ardila.

A través de un comunicado divulgado por su equipo, el exgobernador sostuvo que las recientes decisiones judiciales representan un paso para “recuperar plenamente su nombre y reivindicar su trayectoria”.

No obstante, dentro del expediente también se menciona que continúan actuaciones relacionadas con presuntos delitos fiscales pendientes de enjuiciamiento en España, aunque el proceso por lavado de activos quedó archivado de manera provisional.

La justicia española ordenó devolver más de 4,4 millones de euros que permanecían retenidos durante la investigación. - crédito REUTERS/David W Cerny
La justicia española ordenó devolver más de 4,4 millones de euros que permanecían retenidos durante la investigación. - crédito REUTERS/David W Cerny

¿Quién es Pablo Ardila Sierra?

Pablo Ardila Sierra es un político, economista y empresario colombiano que ocupó la Gobernación de Cundinamarca entre 2004 y 2007. Nació en Bogotá el 20 de mayo de 1969 y también fue reconocido por integrar la familia propietaria del desaparecido periódico El Espacio.

Antes de llegar a la Gobernación, Ardila ejerció como representante a la Cámara por Cundinamarca entre 1998 y 2002. Posteriormente fue elegido gobernador para el periodo 2004-2007.

Su trayectoria política estuvo acompañada por distintos procesos judiciales tanto en Colombia como en España. En 2007, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento en su contra por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y extorsión relacionados con operaciones mineras en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca.

Ardila permaneció privado de la libertad durante cerca de dos años y posteriormente fue absuelto por el delito de extorsión en 2011. Después de ese proceso se trasladó a España, donde fijó su residencia.

El juzgado de Gavà decretó el sobreseimiento provisional de la causa relacionada con presunto blanqueo de capitales. - crédito montaje Infobae/Colprensa
El juzgado de Gavà decretó el sobreseimiento provisional de la causa relacionada con presunto blanqueo de capitales. - crédito montaje Infobae/Colprensa

La captura en España y el proceso judicial

En mayo de 2021, autoridades españolas capturaron a Ardila en Barcelona en medio de una investigación que inicialmente incluyó presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales, delitos fiscales y agresión sexual.

Tras permanecer en prisión preventiva, el exgobernador recuperó la libertad bajo fianza mientras avanzaban las actuaciones judiciales.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Gavà concluyó que no existían elementos suficientes para sostener una acusación penal por lavado de activos y decretó el archivo provisional de esa línea de investigación, además de ordenar la devolución de los recursos económicos retenidos dentro del expediente.

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