
El modelo de prestación del servicio de aseo en Cali quedó bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio. La entidad tomó medidas preventivas contra cuatro operadores que actualmente funcionan en la capital del Valle del Cauca, al considerar que podrían estar incurriendo en prácticas que afectarían la libre competencia y limitarían la capacidad de elección de los usuarios.
La decisión quedó consignada en la Resolución 38275 de 2026, expedida por la SIC, y obliga a las empresas involucradas a cumplir varias órdenes en un plazo máximo de tres días. Según explicó la entidad, la intervención busca frenar de manera anticipada posibles conductas que, presuntamente, estarían alterando las reglas del mercado de aseo en la ciudad.
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Las compañías mencionadas por la Superintendencia son Ciudad Limpia S.A. E.S.P. - Cali, Promoambiental Cali S.A. E.S.P., Promoambiental Valle S.A. E.S.P. y Veolia Aseo Cali S.A. E.S.P. Todas hacen parte del esquema actual de operación del servicio de recolección de residuos en Cali.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la autoridad evaluó los hallazgos obtenidos durante una actuación preliminar y concluyó que existían elementos suficientes para ordenar medidas cautelares mientras avanza el análisis del caso. La SIC explicó que la decisión se adoptó tras verificar la existencia de un posible riesgo para las condiciones de competencia en el mercado.
“Tras evaluar los hallazgos de la actuación preliminar y acreditar la concurrencia del requisito de apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), la Superintendencia determinó la necesidad de intervenir de manera preventiva. El objetivo es salvaguardar la eficacia de eventuales decisiones definitivas y frenar conductas que presuntamente podrían distorsionar las condiciones de mercado en la capital del Valle del Cauca”, afirmó la SIC en su pronunciamiento.
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Uno de los puntos centrales de la resolución tiene que ver con la información que recibirán los usuarios. La Superintendencia ordenó que los operadores comuniquen de manera clara que finalizó el esquema de prestación del servicio derivado del contrato con Emsirva y que, en adelante, el modelo funcionará bajo reglas de libre competencia económica.

La entidad consideró que esa claridad es clave para que los ciudadanos puedan entender cómo opera actualmente el servicio y ejercer su derecho a elegir entre los distintos prestadores disponibles en el mercado. Otro de los aspectos que encendió las alertas de la SIC fue el uso de la Unión Temporal Sico. Según explicó el organismo, existirían cuestionamientos sobre la manera en que esta figura estaría siendo utilizada por parte de los operadores, debido a que podría no ajustarse a las dinámicas propias de un mercado en libre competencia.
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Por esa razón, la resolución también ordenó a las empresas abstenerse de actuar de manera coordinada mediante esta unión temporal mientras se revisan las condiciones del caso.
A esto se suma una instrucción relacionada con la entrega de información técnica y operativa a Emsirva. La Superintendencia pidió que los operadores entreguen el catastro multipropósito de usuarios, los contratos de condiciones uniformes y las bases de información operativa. Para la entidad, esos documentos y registros son fundamentales para garantizar la correcta prestación del servicio público de aseo.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, aclaró que las medidas adoptadas no equivalen a la apertura formal de una investigación administrativa contra las empresas. Según indicó, se trata de acciones preventivas orientadas a evitar afectaciones mayores mientras se determina si hubo o no irregularidades.
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“El Despacho de la Superintendente busca evitar una posible alteración de las condiciones de la libre y leal competencia, eliminar el riesgo de una presunta ventaja competitiva por parte de estos operadores, proteger el derecho a la libertad de elección de los usuarios, y velar porque todos los agentes económicos concurran al mercado en igualdad de condiciones y bajo el respeto que las reglas de juego que ha determinado la Constitución y ley para la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el horizonte del Estado Social de Derecho”.
La decisión de la SIC aparece en medio de un panorama sensible para Cali, donde el funcionamiento del sistema de aseo ha sido tema recurrente de discusión por la continuidad del servicio, la operación de los prestadores y las condiciones de competencia en el sector. Mientras tanto, las empresas involucradas deberán responder a las órdenes emitidas por la autoridad en los tiempos establecidos.
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