
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia que rodea a la familia de Rosa Elvira Cely y al abogado Abelardo de la Espriella, luego de las denuncias públicas sobre el manejo de la indemnización entregada por el Estado colombiano tras el feminicidio ocurrido en 2012, es decir, hace 14 años.
El mandatario reaccionó por medio de su cuenta en la red social X, en la que cuestionó que gran parte de los recursos destinados a las víctimas terminaran, según las acusaciones de la familia, en manos del defensor. Su mensaje y la polémica como tal aparecen en un momento de alta tensión política, debido a la visibilidad que hoy tiene De la Espriella dentro del escenario presidencial de 2026.
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Y es que el abogado figura entre los principales nombres en la carrera por llegar a la Casa de Nariño, y esta controversia golpea su imagen en pleno escenario electoral, sobre todo por la dimensión del caso y por lo que representa que una familia lograra recibir una indemnización por parte del Estado colombiano.

El presidente escribió en sus redes sociales sobre el caso: “No hay derecho que la indemnización a la familia de una mujer trabajadora, cruelmente violada y torturada en Bogotá, Rosa Elvira Cely quede en manos de su abogado. Muy ruin”.
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Las declaraciones del jefe de Estado revivieron uno de los casos más dolorosos y simbólicos de violencia contra las mujeres en Colombia. El crimen de Rosa Elvira Cely no solo generó indignación nacional hace más de una década, también impulsó la creación de la ley que tipificó el feminicidio como delito autónomo.
Para el presidente Gustavo Petro, que mantiene una línea política de izquierda y respalda la aspiración presidencial de Iván Cepeda dentro del Pacto Histórico, este tipo de controversias también abren espacio para lanzar críticas contra figuras de la oposición como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que representan sectores políticos contrarios al oficialismo.
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La polémica tomó fuerza después de que Adriana Cely, hermana de la víctima, y Juliana Cely, hija de Rosa Elvira, hicieran fuertes señalamientos contra Abelardo de la Espriella. Ambas afirmaron que solo recibieron cerca del 10% de la compensación económica reconocida por el Estado colombiano.
Según expusieron públicamente, el contrato planteado por el abogado establecía que el dinero debía ingresar primero a una cuenta bancaria bajo su control. Las familiares sostienen que la mayor parte de los recursos terminó convertida en honorarios jurídicos.
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Adriana Cely aseguró además que rechazó firmar dicho acuerdo; esa decisión, según su relato, produjo diferencias con el abogado y posteriores conflictos personales relacionados con el proceso judicial, según la revista digital Voces.
Hasta ahora, las acusaciones conocidas provienen exclusivamente de los testimonios entregados por la familia de Rosa Elvira Cely. No existe un pronunciamiento judicial que confirme esas afirmaciones ni una decisión oficial relacionada con los señalamientos hechos contra De la Espriella; sin embargo, estos señalamientos no son nuevos.
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La historia detrás del crimen que cambió la legislación colombiana
El caso de Rosa Elvira Cely permanece como uno de los hechos más dolorosos y decisivos en la lucha contra la violencia de género en Colombia. Su asesinato, ocurrido en mayo de 2012 en Bogotá, provocó indignación nacional y abrió paso a cambios históricos en la legislación penal del país.
Rosa Elvira, de 35 años, salió del Colegio Manuela Beltrán junto a Javier Velasco, un compañero de estudios que luego la llevó al Parque Nacional. Allí sufrió una brutal agresión física y sexual. Aunque alcanzó a llamar al 123 para pedir ayuda y alertar que la estaban atacando, las fallas en la reacción de las autoridades retrasaron el rescate; la mujer murió cuatro días después en el Hospital San Ignacio.
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El crimen desató movilizaciones y fuertes reclamos ciudadanos que exigieron castigos más severos para este tipo de violencia contra las mujeres. A raíz de ese caso nació la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que convirtió el feminicidio en un delito autónomo en Colombia y endureció las penas contra los responsables.
La familia de la víctima recibió representación legal del abogado Abelardo de la Espriella y de su firma jurídica. El jurista y hoy candidato presidencial asumió la defensa de manera gratuita —aunque luego salió a la luz su porcentaje en la indemnización estatal— y encabezó tanto el proceso penal contra Javier Velasco, condenado a 48 años de prisión, como las acciones legales contra el Estado por las fallas institucionales y por un concepto oficial que culpó a Rosa Elvira de lo ocurrido.
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Ese episodio generó otro escándalo nacional, obligó al Distrito a retractarse públicamente, debido a que habían dicho que si Rosa Elvira “no hubiera salido con dos compañeros de estudio a altas horas de la noche”, no habría ocurrido el asesinato, y fortaleció el debate sobre la revictimización de las mujeres dentro de las instituciones estatales.
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