Empresario cartagenero fue el que desató “fuego amigo” entre Petro y su ministro de Minas ante susbasta de gas: de quién se trata

La adjudicación de una planta de gas a menos de 500 metros de la zona sagrada en la Sierra Nevada desató cuestionamientos entre el presidente y el funcionario

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La restauración del gasoducto Antonio Ricaurte, esencial para el suministro, requiere una inversión estimada de entre 20 y 30 millones de dólares y hasta dos años de obras - crédito EFE
Edwin Palma, ministro de Minas, dijo que entre 2011 y 2019 no se hizo ni una sola subasta de gas por confiabilidad - crédito EFE

Un mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro en redes sociales alertó sobre una de las crisis políticas más intensas de su mandato. El jefe de Estado acusó a su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de “traición al progresismo” por la adjudicación de una nueva planta de gas cerca de la llamada “línea negra” en la Sierra Nevada de Santa Marta. El mandatario calificó la decisión como una “afrenta a la vida” y sugirió que pudo existir intervención de intereses económicos, exigiendo respuestas inmediatas.

El conflicto surgió por la adjudicación de esta planta en una zona que, por decreto presidencial, es de especial protección ambiental y considerada sagrada por comunidades indígenas. La controversia enfrenta al Gobierno frente a acusaciones de favorecer intereses empresariales y generó polémica sobre los criterios de transparencia, lo que dejó en el centro del escándalo a un empresario cartagenero, responsable de las compañías beneficiadas en la subasta.

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En el mensaje, Petro afirmó: “Eso es una traición al progresismo colombiano, a la vida y a la humanidad”. Cuestionó la decisión de ubicar la planta a solo 500 metros de la “línea negra”. Señaló que “el ministro de Energía debe responder por esta afrenta a la vida. No necesitamos más gas sino disminuir el gas en nuestra economía. Alguien pagó un dinero para realizar tan alta traición en el Gobierno”.

Alfredo Saade - crédito @alfredosaadev/X
Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que la adjudicación es una afrenta a la vida - crédito @alfredosaadev/X

Desde el Ministerio de Minas y Energía, fuentes consultadas por El Tiempo aclararon que la subasta no fue gestionada de manera directa por el ministro, sino convocada por la compañía Greg y auditada por XM, bajo estándares técnicos rigurosos definidos por software, que consideran demanda y cumplimiento estricto de licencias ambientales.

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El ministro Edwin Palma respondió y asumió la responsabilidad política. Señaló: “Señor presidente, yo respondo políticamente por la subasta y sus resultados. Que son exitosos para el sistema energético del país de cara al próximo gobierno porque es energía para años 2029 y 2030. Entre 2011 y 2019 no se realizó ni una sola subasta. Este gobierno ha hecho el mayor número de subastas de los últimos tiempos: tres de reconfiguración, dos de expansión y, antes que termine su Gobierno, una de renovables que será un gran legado”.

Palma descartó que el ministerio autorice proyectos individuales: “El Ministerio de Minas y Energía no autoriza ni aprueba proyectos. Menos en una subasta. Y menos proyectos de gas”. Además, calificó de extraño que, mediante cuentas inexistentes y datos inexactos, se intente sembrar dudas sobre la licitación.

Alfredo Saade - crédito @alfredosaadev/X
Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil, acusó a Edwin Palma de traicionar al progresismo - crédito @alfredosaadev/X

Reunión a puerta cerrada

La controversia superó el ámbito ministerial y alcanzó al núcleo del Ejecutivo. Fuentes de Casa de Nariño confirmaron una reunión a puerta cerrada entre Petro y Palma la misma semana, en medio de la crisis interna, según el medio.

En redes sociales, el pastor Alfredo Saade, embajador en Brasil y referente del progresismo, se sumó a la discusión y advirtió: “Ojo están traicionando el proyecto progresista. Ministro Edwin Palma, ¿quién autorizó esto? Presidente Gustavo Petro, urgente revertir esta barbaridad”.

Algunas voces desde la administración acusaron a sectores cercanos a la campaña de Iván Cepeda de fomentar “fuego amigo” y exacerbar las fricciones en redes. La disputa evidenció tensiones dentro del Pacto Histórico, lo que reveló cruces de responsabilizaciones y pedidos de esclarecimiento público sobre la transparencia del proceso.

El Ministerio de Minas reiteró que la coordinación de la subasta recae en gestores técnicos independientes y no es influida desde la dirección política, mientras crecen las demandas internas para clarificar el origen y los criterios de adjudicación.

De igual forma, desde la cartera reiteraron la transparencia y el control auditado de la subasta, mientras criticaron la circulación de información “inexacta y antitécnica”.

Edwin Palma - crédito @PalmaEdwin/X
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que no ha traicionado al presidente Gustavo Petro - crédito @PalmaEdwin/X

El perfil y negocio de George Castellanos

Detrás de la adjudicación aparece el empresario cartagenero Jorge Manuel Urbano del Cristo Castellanos Gómez, conocido también como George Castellanos, de 71 años. Según documentación revisada por El Tiempo, es representante legal y accionista principal de Nodo Energético del Norte de Colombia SA ESP (Nencol), constituida en febrero de 2016 para la generación y comercialización de energía eléctrica. Además, Nencol reporta en la actualidad $67.000.000 en activos.

Entre sus accionistas destacan firmas inmobiliarias con influencia regional:

  • Cassego SAS, de la cual Castellanos también es representante legal, dispone del 15% de las acciones.
  • Zeuzcorp SAS posee el 25%.
  • Jucajo SAS, Ininfinco SAS y Finanbank SAS cuentan cada una con el 20%.
  • La sociedad adjudicataria de la planta térmica, Termoinduenergy Power Corporation SAS, figura en los registros como creada en septiembre de 2025 con un capital de $10.000.000, y con Castellanos como único accionista. No obstante, la fecha señalada representa una aparente anomalía temporal.

De su trayectoria se sabe que Castellanos fue directivo en Termocol, empresa sancionada por la Contraloría General de la República debido a incumplimientos contractuales y sometida a una sanción económica relevante.

A pesar de las reiteradas consultas hechas por el medio, Castellanos no ofreció respuesta directa sobre las acusaciones relativas a posibles pagos indebidos vinculados a la adjudicación.

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