Piden a la Corte Suprema mantener condena contra exdirectivos de la Universidad de Medellín por irregularidades en el título de abogado de Julián Bedoya

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación pidieron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que se mantuviera en firme la condena impuesta a exfuncionarios y exdirectivos de la Universidad de Medellín por su participación en las irregularidades en la expedición del título de abogado de Julián Bedoya Pulgarín, exsenador del Partido Liberal.

Durante la audiencia ante el alto tribunal, los representantes de los organismos de control solicitaron que la sentencia contra los exfuncionarios por el delito de falsedad ideológica en documento público no fuera modificada.

Entre los condenados figuran Yolanda Cossio Rincón, exsecretaria y exjefa del programa de Derecho, y Juan Felipe Hernández Giraldo, exsubsecretario académico. Ambos fueron señalados de facilitar, de manera concertada, la expedición irregular del diploma de abogado de Julián Bedoya.

Según la Fiscalía, la actuación de los exfuncionarios no obedeció a errores aislados, sino a acciones planificadas con el objetivo de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes.

La fiscal del caso, Marlene Orjuela, sostuvo ante el magistrado Hugo Quintero Bernate que “es indiscutible que Hernández Giraldo permitió el extemporáneo reintegro de Julián Bedoya sin que se estudiara la convalidación de las asignaturas cursadas con anterioridad".

Y agregó: “Le permitió ser considerado como estudiante de la facultad, aspecto trascendente para que interviniera Yolanda Cossio quien fijó de manera exprés la presentación de múltiples pruebas, convocar a extraños jurados y de completar en alguna oportunidad el quórum calificador de los exámenes. Todo con la clara orientación de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes para que el funcionario competente pudiera consignar en documento público ese contenido”.

El proceso en casación incluyó la revisión de la sentencia que involucra a otros exfuncionarios como Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús Hincapié y Saúl Benítez.

La condena emitida el 15 de enero dispuso penas de hasta cinco años de prisión para algunos de los implicados, con la posibilidad de cumplir la sanción en modalidad de prisión domiciliaria. Además, los condenados recibieron inhabilidades de hasta 72 meses para ejercer funciones o cargos públicos.

La defensa de los exdirectivos presentó recurso de casación en busca de modificar la condena, argumentando supuesta falta de imparcialidad del tribunal y posibles influencias indebidas entre los magistrados. Sin embargo, la Fiscalía explicó que no hay pruebas de parcialidad y que la sentencia fue producto de una deliberación autónoma e independiente.

“Respecto a la presunta nulidad derivada de la falta de imparcialidad del tribunal, no existe vocación de prosperidad ya que la defensa especula sobre la supuesta influencia del magistrado Roldán Restrepo sobre los demás integrantes de la Sala. Sin embargo, de la revisión que se hace de la sentencia se advierte de una deliberación autónoma e independiente y el propio Roldán Restrepo aclaró el voto. Esto evidencia lo contrario a lo argumentado”, afirmó la fiscal en la audiencia.

De acuerdo con los organismos solicitantes, aunque algunos magistrados participaron en instancias previas del caso, no existe evidencia de que esa coincidencia haya influido en la decisión final ni de que un solo juez haya manipulado el resultado para favorecer una condena sin fundamento.

En la audiencia de casación, el procurador del caso expresó: “En mérito de lo expuesto, este representante de la sociedad solicita respetuosamente a esta corporación no casar la sentencia impugnada y en consecuencia, mantener incólume la condena impuesta a Yolanda Cossio y Juan Felipe Hernández Giraldo”.

La condena quedó sustentada en la existencia de una coordinación entre los exdirectivos para facilitar la obtención del título de abogado por parte de Julián Bedoya. La Universidad de Medellín fue la institución que solicitó la suspensión provisional tanto del acta de grado como del diploma que acreditaba al exsenador como egresado. Esta petición se sustentó en la supuesta violación de las disposiciones invocadas dentro de una reclamación judicial.

La decisión definitiva de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema se conocerá en las próximas semanas, una vez escuchados todos los argumentos de las partes involucradas.