La UNP respondió a denuncia de Infobae sobre software que tendría control de la ubicación de escoltas y protegidos

El 16 de mayo, Infobae Colombia publicó un informe titulado: “Denuncian posible vigilancia ilegal con nueva herramienta de geolocalización de la Unidad Nacional de Protección”, en el que Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la Unidad Nacional de Protección, y Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, denunciaron que la unidad estaría buscando implementar un software para conocer la ubicación de escoltas y protegidos en todo momento.

Gallo y Díaz advirtieron sobre riesgos de vigilancia ilegal y posibles impactos negativos en las condiciones laborales de los trabajadores protegidos por la entidad.

Giovanni Gallo explicó que la UNP convocó a operadores y gerentes para socializar el funcionamiento del sistema sobre el que se desconoce el origen y su desarrollador, por lo que se teme que la herramienta permita rastrear la ubicación exacta de escoltas y beneficiarios dos veces al día, generando dudas sobre la manipulación y el acceso no autorizado a información sensible, tales como ubicación, cámaras y audios.

Gallo comparó la situación con episodios pasados de interceptaciones ilegales vinculadas al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). También manifestó inquietud por la decisión de establecer una tarifa única para los servicios de escoltas, ya que esto podría traducirse en la reducción de salarios y el retroceso en derechos laborales.

Por su parte, Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, expresó que la protección no debe convertirse en vigilancia, recordando antecedentes graves en la historia reciente del país, por lo que planteó la necesidad de que cualquier herramienta tecnológica cuente con transparencia, control independiente y participación de las organizaciones afectadas.

“La protección no puede empezar a confundirse con vigilancia. Y en un país con antecedentes tan graves como lo ocurrido con el DAS en la historia reciente, resulta apenas legítimo que nosotros, los liderazgos sociales, los mismos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, expresen la preocupación frente a herramientas que implican georreferenciación, acceso a dispositivos móviles o capacidades similares”.

La respuesta de la UNP

El 21 de mayo la Unidad Nacional de Protección respondió a la denuncia sobre las posibles irregularidades del software, y en diálogo con El Tiempo expresó que es para reforzar la seguridad de los protegidos y minimizar prácticas irregulares por parte los escoltas, como inicios de servicios de protección o desplazamientos.

Otro argumento expuesto fue que está buscando controlar los cobros por viáticos en casos en los que en realidad no existe un acompañamiento al protegido, así como facturación de servicios en lugares en los que hay una prestación efectiva.

La UNP negó que se busque vigilar ilegalmente a los protegidos y señaló que las denuncias carecen de sustento técnico, jurídico y operativo.

“Resulta llamativo que justamente algunos sectores que hoy pretenden generar temor y desinformación sean los mismos que históricamente se han opuesto a los mecanismos de control, trazabilidad y transparencia en la prestación del servicio de protección. La UNP reitera de manera categórica que la herramienta en desarrollo no realiza seguimientos ilegales, no monitorea permanentemente a beneficiarios, no accede a contenidos privados y no vulnera la intimidad ni los derechos fundamentales de las personas protegidas”, se lee en un comunicado publicado por la UNP.

La Unidad Nacional de Protección llamó “dinosaurios” a los líderes sindicales que están poniendo trabas a que se implementen nuevos mecanismos para proteger a las personas que están en peligro en el país.

“El aplicativo únicamente permite validar que el esquema de protección efectivamente se encuentre prestando el acompañamiento asignado por el Estado, mediante un mecanismo de verificación de cercanía operativa y confirmación por código enviado al beneficiario. La herramienta no registra la ubicación exacta del protegido, sino únicamente un área de validación necesaria para certificar la prestación real y efectiva del servicio”.